Jaime Lorenzo, presidente de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, sostiene que las medidas tomadas por Nicolás Maduro para evitar contagios por coronavirus solo han generado una “falsa seguridad” en la población
Critican que el Gobierno carezca de criterios epidemiológicos para flexibilizar la cuarentena y no ofrezca un balance real de los casos y fallecidos por la enfermedad
Tras los 14 días de aislamiento que iniciaron el lunes 22 de marzo pasado, Nicolás Maduro planteó retomar nuevamente al esquema 7×7 a partir del próximo 12 de abril. Pero, ahora, la estrategia tiene una nueva modalidad que garantiza, según el mandatario, protección de los ciudadanos en la calle y lugares de trabajo. La medida se tomó luego de que el Ministerio de Salud comenzó a registrar más de 1.000 casos diarios por COVID-19 en el país.
El 13 de marzo ya se había cumplido un año de la notificación oficial de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela. El país llegó a esta fecha con un proceso de vacunación masiva contra la enfermedad en puerta, una segunda ola de infecciones impulsada por la circulación de una nueva variante más contagiosa del virus, identificada en Brasil, y con una población cada vez más escéptica sobre la información y el abordaje que de la situación sanitaria hace el gobierno de Nicolás Maduro, desconocido por más de 50 países.
A pesar de que Maduro ordenó tempranamente el aislamiento de los venezolanos tras la llegada de la COVID-19 en 2020, la medida no resultó eficaz a luz del incremento de los contagios notificados durante los primeros cuatro meses de la epidemia.
Las tasas de incidencia y letalidad por el virus subieron aún más luego de que en julio de 2020 el Ejecutivo levantara el confinamiento obligatorio. Con nuevos casos de infectados con la nueva variante del coronavirus, los médicos han manifestado sus dudas sobre la efectividad de los cercos epidemiológicos.
José Félix Oletta, exministro de Salud, sostiene que las medidas sanitarias tomadas por Maduro no han respondido a criterios epidemiológicos ni están ajustadas al contexto socioeconómico complejo del país. “La cuarentena obligatoria se ha aplicado sin la orientación de verdaderas razones de salud pública desde que inició la pandemia. El año pasado comenzó el confinamiento sin haber una alta transmisión de casos, pero, a los tres meses, se flexibiliza con más de mil”, comenta.
Nicolás Maduro obligó a la población a cumplir un confinamiento que lució inédito con respecto a la situación de otros países que aplicaron cuarentenas continuas sin interrupción. La fórmula aplicada de 7 días sin salir de casa alternada con 7 días para trabajar es una reedición del modelo implementado por elInstituto Weizmann de Israel, que propuso jornadas laborales por dos semanas y diez días de aislamiento, según reseñó un artículo de BBC Mundo. El método propuesto por Maduro fue modificado el pasado 28 de marzo a 14 días de aislamiento y 7 días de trabajo por la variante brasileña
Los médicos congregados en distintas sociedades científicas venezolanas coinciden en la necesidad de mantener la cuarentena por la virulencia de la COVID-19, pero también concuerdan en que esta medida debe implementarse con planes que mitiguen las complejas consecuencias socioeconómicas.
Los venezolanos manejan dos versiones de la pandemia en el país: la que Maduro les muestra en los medios y las redes sociales y la que perciben en la calle.
El 26 de marzo, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, hizo un recorrido por zonas del centro y oeste de Caracas para verificar el cumplimiento de la “cuarenta estricta” que Maduró decretó por la nueva variante brasileña. Pero el patrullaje, en compañía de la ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, lo hizo de noche, no en el día.
Rodríguez colgó un vídeo del trayecto en su cuenta de Twitter y, luego, algunos seguidores le sugirieron transitar en horas de la mañana, cuando las calles suelen estar abarrotadas de personas que, en su mayoría, cumplen con el uso del tapabocas, pero no con el distanciamiento social.
La percepción de dos realidades describe una población desinformada y que no tiene confianza en el Gobierno, reflexiona Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos por Venezuela. “Hay personas que saben de un caso cercano de coronavirus o un fallecido por la enfermedad y creen que el Gobierno no lo cuenta en sus cifras”, comenta el médico.
La incertidumbre de los venezolanos, estimulada por la opacidad, es un terreno fértil para la proliferación de noticias falsas y rumores. Le da espacio, incluso, a la infodemia, término que acuñó la OMS para definir el flujo masivo de información que solapa a aquellas que provenientes de fuentes confirmadas y fidedignas.
La infodemia cobra más fuerza en redes sociales donde las noticias infundadas se replican con más velocidad. Datos del Covid19 Infodemics Observatory (Observatorio de Infodemia sobre COVID-19) de la Fundación Bruno Kessler, reseñados en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), evidenciaron que Venezuela está entre las naciones donde 25 % o menos de las informaciones son confiables. En el país, 3 de 4 noticias no son ciertas en redes sociales.
Las restricciones a la libre prensa crecieron en Venezuela en el contexto de pandemia, según informes del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. La población se refugia en las redes para enterarse de lo que pasa en el país. Sortea, además, de la opacidad oficial, las campañas de “desórdenes informativos” a los que apela el Gobierno para torcer la verdad, como da cuenta un estudio reciente del equipo de Covid InfoDesorden, liderado por la investigadora en comunicación política Iria Puyosa del Instituto de Investigación en Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco).
El estudio valoró distintas declaraciones en las que el Gobierno manipuló la información, como el caso de la estigmatización de los migrantes o la promoción de curas milagrosas para la COVID-19 sin respaldo científico, como las gotas Carvativir; así como el discurso sobre la prohibición del ingreso a Venezuela de la vacuna AstraZeneca.
En el citado discurso, Maduro aplaudía que el esquema de cuarenta que bautizó con el adjetivo “radical” estaba dando resultados en el control de la enfermedad. Pero lo “radical”, incluso lo “estricta” y “supervisada” de la medida, que sugiere un control más duro, contrasta con el colapso de los ambulatorios y hospitales centinela por el cúmulo de pacientes con dificultad respiratoria que llegan para ser atendidos.
También contrasta con lo que ocurre dentro de los centros asistenciales donde el virus hace estragos: hasta el pasado 28 de marzo 408 trabajadores de salud murieron por COVID-19, en parte, por el déficit de insumos de bioseguridad y, ahora, por las pocas vacunas suministradas al personal sanitario, según la ONG Médicos Unidos por Venezuela, MUV.
Los especialistas recalcan que la cuarentena ha sido usada por Maduro con fines políticos y propagandísticos. Jaime Lorenzo, director de MUV, cuestiona que se haya levantado el aislamiento el pasado mes diciembre, en el marco de las cuestionadas elecciones parlamentarias.
La “medida populista”, como lo calificó, disparó los contagios, según Lorenzo. Maduro tomó la decisión pese a que la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con estudios de proyecciones epidemiológicas, advertía que no era prudente por el aumento de casos.
En febrero pasado, en vísperas de carnaval, Maduro relajó otra vez el aislamiento, pero luego de esa fecha comenzaron a aumentar los casos de COVID-19. Los médicos no dudan en que la nueva variante llegó al país por los traslados masivos durante el asueto.
Falsa seguridad
Los expertos en salud pública enfatizan que el éxito de cualquier plan sanitario debe contar con la participación de toda la ciudadanía para educarla sobre la enfermedad y sus métodos para prevenirla. Para lograr esa meta, el Estado debe ser lo más transparente posible con la información, especialmente con la epidemiológica.
Pero el caso venezolano es opuesto. Lorenzo señala que el Gobierno, en su discurso plagado de omisiones y contradicciones, ha creado la idea de una “falsa seguridad” a la población que, a su juicio, deriva en más riesgo. Por eso asegura que, desde el Ejecutivo, no hay garantía de una política sanitaria orientada a la prevención.
“El problema es que el Gobierno no suministra información veraz y genera dudas terribles en la población, cuando, en cambio, debe generar más confianza y tranquilidad”, critica Lorenzo.
El directivo de MUV refirió como ejemplo que, desde el principio, Maduro mantenía en su discurso que la epidemia de coronavirus estaba controlada, al repetir en varias ocasiones que la curva de contagio estaba “aplanada”, cuando la información oficial que ofrecía diariamente revelaba un alza en la cifra de casos nuevos. El aparente control llevaba a los ciudadanos a subestimar, incluso, el alcance real de la epidemia en el país.
El verdadero impacto de la COVID-19 sigue siendo una gran incógnita porque el Gobierno no ha mejorado su capacidad diagnóstica para confirmar los casos a tiempo con la aplicación de pruebas moleculares de PCR. Por esa razón, los expertos de la Academia de las Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales han advertido, desde el año pasado, sobre la existencia de un subregistro importante de pacientes y fallecidos por coronavirus.
La población venezolana continúa viviendo una epidemia de COVID-19 con más dudas que certezas. Las alarmas incrementan con la nueva ola de contagios y, a la par, se intensifica el llamado de alerta para una vacunación segura y efectiva.
En abril, el Gobierno aspira arrancar con las jornadas masivas para inmunizar a los venezolanos contra la COVID-19, mientras tanto, el país se prepara para sobrellevar más días de confinamientos en medio de una emergencia humanitaria que aún no se resuelve.
