- Los venezolanos cumplen la disposición de cuarentena a medias por crisis de servicios básicos y escasez de gasolina
- La pandemia COVID-19 en Venezuela y la necesaria aplicación de las medidas recomendadas para frenar su propagación trajo consigo una larga lista de problemas colaterales para los ciudadanos que ya lidiaban con un país en crisis
- Los efectos de las medidas restrictivas y de distanciamiento social ya se sienten en costo de la vida, nuevas dificultades de acceso a los alimentos, productos de aseo y protección personal y a otros riesgos de salud
El gobernante venezolano Nicolás Maduro estimó en más de 90 % el acatamiento del llamado a cuarentena social, durante una intervención vía telefónica en la sesión de trabajo de la Comisión Presidencial para la Prevención del Coronavirus COVID-19 realizada en el Palacio de Miraflores el pasado viernes 20 de marzo.
“Hemos logrado buenos niveles de acatamiento”, dijo durante su intervención televisada, y luego advirtió sobre la necesidad de maximizar el cumplimiento de la medida para llevarlo al 95 % o más. “Hago un llamado para salvar a Venezuela a través de una gran disciplina social, de una gran consciencia social, con una cuarentena ejemplar”, recalcó.
Cumplir con las medidas de higiene y de aislamiento social, necesarias para contener el contagio del COVID-19, es un gran desafío para los habitantes de cualquier región de Venezuela. Han transcurrido cuatro semanas de cuarentena y con el pasar de los días son más los ciudadanos que necesitan salir de casa en busca de alimentos, medicinas, agua, gas o gasolina.
La llegada del coronavirus al país ha hecho más evidente el colapso de los servicios básicos y hoy muchos venezolanos deben sortear una mayor cantidad de obstáculos para poder resolver su día a día, en especial quienes dependen del trabajo diario en las calles y para dueños de pequeños negocios.
Recordemos que el virus fue catalogado como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 y un día después Nicolás Maduro ofreció una declaración oficial, acompañado de su gabinete, en la que declaró en emergencia permanente al sistema nacional de salud “para prevenir y contener la enfermedad”. Aseguró que la nación estaba libre de coronavirus pero ordenó suspender por un mes la llegada de vuelos provenientes de Europa y Colombia.
Las medidas iniciales de prevención también incluyeron la prohibición de concentraciones en espacios públicos, según se detalla en la página web oficial del Ministerio para el Despacho de la Presidencia.
Al día siguiente, el 13 de marzo de 2020, Delcy Rodríguez, vocera del gabinete instalado en Miraflores, oficializó la existencia en el país de dos casos positivos de coronavirus en Venezuela y anunció la suspensión de actividades académicas a partir del lunes 16 de marzo.
La noche del domingo 15 de marzo, Maduro dijo en cadena de radio y televisión que a la suspensión de clases se sumaría la entrada en vigor de la cuarentena social y colectiva en siete entidades regionales: Caracas, La Guaira, Miranda, Táchira, Apure, Zulia y Cojedes. Además anunció la “suspensión de todas las actividades laborales, excepto las actividades de servicio social y de necesidad apremiante, quiere decir, quedan exceptuados todos lo que tiene que ver con la cadena de distribución de alimentos, los servicios sanitarios y de salud del país, los servicios de seguridad del Estado y los servicios de transporte, con la obligación absoluta de exigir el uso de tapabocas en sus distintas modalidades”.
Ese mismo lunes en la tarde, Maduro dijo “Venezuela entera entra en cuarentena social”, desde la madrugada de este martes 17 de marzo. Para ese momento la cifra de casos positivos de COVID–19 era de 33.
La cuarentena cumple su primer mes en el país -con 181 casos confirmados- y gracias al reporte de periodistas residentes en 9 ciudades venezolanas es posible hacer un balance de lo sucedido hasta el momento en áreas esenciales como el funcionamiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas doméstico), acceso a internet, abastecimiento de combustible y de alimentos.
Abastecimiento de gasolina, la queja más frecuente
Desde finales de 2019 era evidente la escasez de gasolina en Venezuela, en distintas regiones se hicieron habituales las largas colas para poder surtir los vehículos particulares y de carga pesada. Pero, entre la primera y la segunda semana de la cuarentena social, los gobernadores de prácticamente todas las entidades anunciaron la suspensión del abastecimiento de combustible a particulares, con la promesa de mantener el acceso a los sectores prioritarios.
El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, prohibió el surtido de gasolina a particulares la misma semana en que se decretó la cuarentena nacional para “resguardar la salud de los ciudadanos”, según el reporte de la periodista Verónica Bastardo. La información oficial indica que tendrán prioridad las personas del sector salud, transporte de alimentos y transportistas para el acceso al combustible.
En esa región del sur del país se estableció que el sector salud podría surtir en la Base Aérea Teófilo Méndez, en principio bajo el procedimiento de listas del personal de guardia de cada centro de salud y luego mediante la figura de “salvoconductos”. Algunos médicos reportaron que lograron surtir mientras se aplicó la medida de las listas, pero otros, como la ginecobstetra Aura Rodríguez, han denunciado que no han podido llenar el tanque de su vehículo desde el inicio de la cuarentena, pese a contar con un salvoconducto otorgado por la clínica para la cual trabaja: “Uno se va desde la madrugada y nunca nos surten y además nos tratan muy mal. Desde que empezó la cuarentena no he podido surtir.”
En Táchira tampoco se ha dado prioridad para surtir gasolina a los integrantes de sectores esenciales, de acuerdo con el balance elaborado por la comunicadora Yamile Jiménez. “Sin duda, la escasez de combustible, es el principal problema de la región; cuando comenzó la cuarentena, voceros oficiales informaron que el suministro sería sólo para médicos, personal de salud que labora en la contingencia, transporte de alimentos, cuerpos de seguridad, pacientes crónicos, medios de comunicación y vehículos oficiales. Esto no se ha cumplido, pues han sido reiteradas las denuncias de pacientes renales, el gremio médico, personal que labora en clínicas privadas y productores de la zona de montaña”.
Según la reportera, la crisis ha sido aprovechada por quienes apelan a la especulación y venta de este tipo de rubros en el mercado negro. En Táchira un litro de gasolina puede llegar a costar 2 dólares.
En Caracas, la capital del país, “las filas de vehículos se han vuelto usuales en las estaciones de servicio de gasolina operativas, no sólo para los sectores priorizados, sino también para las personas que buscan tener el tanque lleno por si surge alguna emergencia”, relata la periodista Diana Carolina Martínez.
“Algunos caraqueños apuestan sus vehículos desde el día anterior afuera de las estaciones de servicio para lograr conseguir algo de gasolina, tras esperar hasta 10 horas en una cola. Aunque, muchos aseguran haber pagado tarifas entre 60 y 100 dólares por el llenado completo del tanque de sus vehículos, y otros entre 10 y 20 dólares por hacer sus filas más cortas”.
Nueva Esparta también se ha visto afectada por la restricción en la venta de gasolina. “Desde el lunes 30 de marzo se aplica en la región el plan ‘Pico y placa’, pero no cubre la demanda. A diario más de 100 vehículos se han quedado fuera de la posibilidad de surtirse, aún cuando hay una pernocta desde primeras horas de la noche del día anterior, y las autoridades aseguran que solo deben acudir los conductores que tengan salvoconducto”, explica la comunicadora Ana Carolina Arias.
La Cámara de Comercio de Nueva Esparta realizó una encuesta flash en el sector comercial y determinó que la falta de acceso al combustible es la primera causa adversa al sostenimiento, operación y permanencia del sector productivo.
En Carabobo, denuncias informales señalan “el cobro en divisas de algunos funcionarios”. Además se conoció que el Gobernador Rafael Lacava, aprehendió a unos ciudadanos que utilizaban una ambulancia para acaparar y vender combustible, relató la periodista María E. Velazco.
Impacto en el sector transporte
En los estados Zulia y Carabobo la crisis de combustible ha tenido un impacto notable en el costo de los servicios de transporte privados. La periodista que reside en Valencia, María E. Velazco, destacó que los traslados cuyas distancias eran cobradas en 5 dólares, se elevaron a 10 dólares, “esto confirmado por la usuaria Marina Vizcarrondo”.
“El Zulia fue uno de los primeros estados en entrar en cuarentena y para el momento, cientos de personas permanecían en colas a las afueras de las estaciones de servicio para intentar abastecerse de combustible. De este modo, la cuarentena inició con muchos tanques de gasolina vacíos, obligando a la mayoría al confinamiento en medio de la pandemia por la COVID-19, aún mientras intentaban abastecerse de lo más básico para soportar los días de encierro”, detalla el reporte de Iraní Acosta.
En la primera semana, el costo del transporte público subió de 10.000 a 20.000 bolívares en las unidades que se mantuvieron operativas. “Llegaron a cobrar hasta 150 mil bolívares en efectivo por un pasaje desde el casco central de Maracaibo hasta La Curva de Molina en el oeste de la ciudad”. La circulación de los transportistas fue suspendida la segunda semana de la cuarentena por parte de las autoridades zulianas.
“Desde el primer día, luego de desalojar las colas por gasolina, estaciones de servicio emblemáticas de la ciudad como Lago Pista y El Pinar, fueron cerradas y militarizadas. Pese a que se anunció la tramitación de salvoconductos para los sectores de actividad esencial en la región, hasta la fecha nunca se emitió ninguno”, explica la periodista Acosta.
Los primeros días, médicos, enfermeras, personas con afecciones renales o con cáncer, periodistas y trabajadores de las ramas de producción y distribución de alimentos y medicamentos, permanecieron durante horas en las afueras del Destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana, mejor conocido como La Barraca, donde el propio alcalde Willy Casanova había indicado que se tramitarían los salvoconductos.
Ante las constantes denuncias de médicos y enfermeras, se anunció la habilitación de una estación de servicio para todo el personal de salud de la región. Según Acosta, para la cuarta semana de cuarentena la circulación de transporte público ofrecido por particulares, es prácticamente nula y, quienes se mantienen operativos, lo hacen sin identificación explícita y cobrando tarifas que les permitan comprar gasolina bachaqueda.
“Ante el aumento de los controles y la escasez de combustible, ahora la gasolina viaja de contrabando de Colombia a Venezuela. En Maracaibo, habitantes de Ciudad de la Farías, al noroeste de la capital zuliana, aseguran que la gasolina colombiana se vende en 1,75 dólares cada litro, mientras que la venezolana se ofrecía en 2 y hasta 2,5 dólares cada litro”.
Cuarentena aumenta riesgo de desabastecimiento de alimentos
Productores, distribuidores y comerciantes de rubros alimenticios están preocupados por el futuro del sector que está seriamente afectado por la escasez de combustible. Sus representantes, que hacen vida en diferentes regiones del país, han mencionado los productos que podrían comenzar a escasear: tomate, pimentón, cebolla, papa, cebollín y zanahorias.
En Táchira, los productores no han podido sacar sus cosechas a los mercados nacionales por la falta del carburante, explica la periodista Yamile Jiménez y expone el testimonio de Jhonny Escalante, encargado de transportar rubros alimenticios en el municipio Jáuregui: “El principal problema es el combustible, si las personas no se mueren del COVID-19 se van a morir de hambre, no tenemos cómo transportar las verduras y hortalizas que van al centro del país, las autoridades no nos están colaborando”.
Quienes viven de la siembra ven con tristeza cómo se daña la papa, el cebollín, la zanahoria, entre otros rubros, reporta Jiménez, y resalta el comentario de Daniel Guerrero, productor y habitante de la zona montañosa: “si no vamos a tener combustible para sacar el producto, vamos a perder toda la cosecha, esto es plata y tiempo, no tenemos gasolina ni para ir a comprar nuestros alimentos”.
Los productores merideños coinciden en que sin combustible no será posible sacar los productos de sus fincas, lo cual generará escasez en los meses venideros. Están en riesgo las cosechas de “tomate, pimentón, cebolla y otros rubros, porque no contamos con el combustible, la semana pasada se nos perdieron treinta cestas de tomate y no es posible porque eso tiene mucho gasto”, señaló Betilde Díaz, productora de hortalizas y legumbres del sector Pueblo Nuevo del Sur, el día 27 de marzo, al periodista Elvis García.
El reporte de Ciudad Guayana elaborado por Verónica Bastardo, advierte que los proveedores de alimentos también están afectados por la falta de acceso al combustible. José Rodríguez, gerente general de Mercapan, explica que a pesar de haber solicitado el salvoconducto hace 2 semanas, no se los han aprobado.
“En la tercera semana de la cuarentena solo pudimos surtir 5 camiones de los 12 que disponemos. Enviamos los camiones cargados con la mercancía y con sus guías de carga y movilización a las gasolineras y pagamos 20 $ por cada camión. Eso significa retrasos importantes, se complica aún más para los despachos a rutas foráneas por lo que no estamos aceptando recepción de mercancía de corta duración (huevos, quesos frescos, legumbres). A futuro, eso puede significar dejar de ver este tipo de productos en los anaqueles en cualquier momento”.
El presidente del Instituto de Acuicultura y Pesca de Nueva Esparta, Paúl Bermúdez, dijo que a consecuencia de esta limitación de combustible puede ocurrir una baja de 50 % en la producción pesquera, porque en el cronograma de distribución para el sector quedarían por fuera unas 400 lanchas. Pidió revisar el criterio de asignación, pues las consecuencias sociales y económicas podrían ser tan graves como las sanitarias que plantea la pandemia, reporta Ana Carolina Arias.
En Lara, dos dueños de establecimientos de víveres, frutas y hortalizas que omitieron identificarse por temor a represalias, aseguraron que tener el “salvoconducto” es inútil, según describe la periodista Lirio Pérez Petit. “Los distribuidores deben hacer cola para combustible en vehículos cargados de mercancía y pagar 1.5 dólares por litro”.
Antes de la cuarentena, un minorista compraba una cesta (22 kilos) de tomates en 1 millón 500 mil bolívares y, ahora, paga 2 millones 300 mil porque le suman el valor del gasoil. En esta región, los productores también han denunciado la pérdida de cosechas porque no pueden sacarlas de los campos. “El gobierno olvida que la cadena alimentaria incluye agricultor, distribuidor y minorista”, acotó uno de ellos.
El posible desabastecimiento de productos es un tema que preocupa a muchos venezolanos. Sin embargo, en el primer mes de cuarentena se ha observado que los comercios de alimentos mantienen sus estantes abastecidos. Se ha registrado un incremento en el costo de varios rubros de la cesta básica.
El reporte de Táchira refleja aumentos de 200 % y en Mérida de 100 %. Sucede lo mismo en otras regiones, por ejemplo Caracas, donde según la periodista Diana Carolina Martínez, “los precios se ajustan prácticamente todos los días, bajo la justificación de la abrupta subida del dólar paralelo”.
En la capital, los alimentos ricos en vitamina C, productos de aseo personal e instrumentos indicados para la protección contra el coronavirus, han duplicado su precio.
“No tengo ni para comprar un arroz, tengo una niña de 5 años y me resuelvo por ahí con lo que me socorren los vecinos, los precios son demasiado caros, esto es imposible”, expresó Elizabeth Rincón, madre que no cuenta con un trabajo fijo, a la periodista de Táchira, Yamile Jiménez.
En ese estado fronterizo “abundan los productos colombianos, los cuales siguen pasando por las trochas y deben ser cancelados en pesos”. Sin embargo, la reportera acota que ha comenzado a escasear la carne, por la falta de combustible.
En Mérida, como en otros estados, la venta de productos alimenticios está permitida entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. El presidente de Fedecámaras-Mérida, César Guillén Lamus, ha dicho que actualmente cuentan con inventarios en los anaqueles de mercados y supermercados, “pero si no se garantiza el combustible para el transporte de alimentos, estiman escasez de los rubros básicos”, destaca el periodista Elvis Rivas.
A medida que transcurren los días se hacen más visibles las condiciones de vida de los ciudadanos. Por las calles de la capital del estado Lara deambulan hasta familias procurando un bocado, según cuenta Lirio Pérez Petit.
“En el este de Barquisimeto, un señor aseado y con modales, abrió una bolsa de basura: buscaba unos zapatos. Mostró los suyos rotos a los residentes de un edificio y se justificó: ‘no puedo comprar unos. Soy plomero, de los buenos, tengo guaya y en cuarentena no llevo comida a mi casa’. Otro caminante de buen ver esperó que abrieran la puerta de la casa parroquial de una iglesia para ofrecer cinco aguacates a cambio de que le dieran algún alimento”.
CLAP insuficientes
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) establecidos por el gobierno de Maduro para la distribución de los alimentos a precios accesibles, resultan insuficientes y aunque esta afirmación no es una novedad, la pandemia hace que vuelva a cobrar relevancia.
Este tipo de ayuda no ha llegado a zonas como Santa Rosa, en el estado Carabobo, pese a que, según la reportera de esa región, fue prometida para el mes de marzo.
Al inicio de la cuarentena en Caracas, se mantuvo la afluencia de compradores en los mercados populares de Catia, Quinta Crespo y Guaicaipuro, debido a que la distribución de las cajas CLAP fue interrumpida ante las nuevas medidas. “A finales del mes de marzo, los consejos comunales reactivaron el surtimiento de productos básicos mediante esta modalidad”, explica Diana Carolina Martínez.
En Nueva Esparta, el representante del gobierno de Maduro, Dante Rivas, anunció la llegada de un barco con 3.074 toneladas de productos para un total de 167 mil combos a distribuirse bajo el sistema CLAP. “Al respecto el dirigente político, Alexander Carreño, destacó que es injusto que se exija en las actuales circunstancias pagos en efectivo e incluso transferencia, porque el sistema de conexión es muy precario y de los pocos beneficiarios no todos tienen ni acceso a la banca por internet”, relata Ana Carolina Arias.
Los CLAP funcionan solo para algunos sectores en Mérida y son distribuidos por el Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI), así como por las alcaldías del sector oficial.
Cuarentena sin agua y sin luz
La crisis de los servicios básicos del país es de vieja data. Los ciudadanos han aprendido a sortear las fallas del servicio eléctrico y del agua potable, pero ante la llegada del coronavirus se preguntan cómo hacer para cumplir con la principal recomendación sanitaria: lavarse las manos, lavar la ropa al llegar de la calle y mantener la casa aseada.
Quienes se valían del uso de cisternas para llenar los tanques de agua de sus hogares quedaron a la deriva porque la escasez de gasolina ha inducido una merma del servicio. Son pocos los camiones que circulan y las tarifas se duplicaron.
En Nueva Esparta se han presentado ciclos de desabastecimiento de agua que superan los 30 días y ello obliga a las personas a romper la cuarentena para llenar envases en algunas tomas improvisadas, gestionar cisternas e incluso acudir a casa de algún familiar para abastecerse o lavar.
Ana Luisa Velis, residente del sector Atamo Sur, municipio Arismendi, afirma que han pasado hasta dos ciclos sin agua, es decir, más de 60 días, porque no llega con presión. Al respecto, el dirigente social Gabriel Alarcón denuncia que se incumplen los ciclos que informa la hidrológica, lo cual se constituye en una burla y violación de derechos.
La adquisición de gas es otro motivo para salir de casa en la Isla de Margarita, “ya que las plantas de llenado fueron cerradas desde la segunda semana de cuarentena y la entrega a través del sistema CLAP no cubre todos los sectores”.
Moisés León, habitante del sector Punda en Pedregales, municipio Marcano, afirma que tienen tres meses sin servicio de gas doméstico y la alternativa es leña o buscar bombonas que venden en dólares.
Algunas urbanizaciones del estado Miranda reciben el servicio de agua solo dos días por semana -si no se presenta algún imprevisto- desde hace alrededor de dos años, según relata la periodista Ysabel Viloria.
Gran parte del territorio carabobeño tiene restricciones del servicio de agua potable y los cortes eléctricos -de entre 3 y 4 horas- se siguen aplicando distintos sectores como Flor Amarillo y Naguanagua. Sin embargo, habitantes de la avenida Bolívar Norte, Viña y Prebo reportan hasta 12 horas de fallas en la primera semana de abril.
Muchas parroquias de Caracas también enfrentan la cuarentena con el acostumbrado racionamiento de agua. “Vecinos de la avenida Baralt, muy cerca del palacio de Miraflores, salen a protestar cuando el vital líquido tarda en llegar hasta por una semana”, dice la comunicadora Diana Carolina Martínez.
La periodista de Táchira, Yamile Jiménez, dice que el caos de los servicio públicos hace que sea difícil sobrellevar la cuarentena. “Aunque los racionamientos de electricidad han disminuido durante el aislamiento, aún hay sectores que reportan que todos los días se les va la luz hasta por 6 horas”.
A esto se suma una notable disminución en el ciclo de recolección de desechos sólidos. “Los habitantes de la zona norte del Táchira han alertado sobre la contaminación que genera la gran cantidad de basura acumulada en las calles de poblaciones como La Fría, capital del municipio García de Hevia. Otro de los fenómenos que ha causado preocupación es la densa calima que se observa en el ambiente provocada por los incendios forestales, la quema de basura y el uso de la leña, como alternativa para cocinar ante la ausencia de gas doméstico”.
Al otro lado del país, en Guayana, estado Bolívar, sucede lo mismo: acceso intermitente a servicios básicos, especialmente agua y electricidad. “Algunos sectores como Villa Alianza sufren más con bajones de electricidad semanales y otros, como Río Aro, con cortes de agua intermitentes. A esto se le sumó el aseo urbano, que ya era deficiente en la ciudad, con la cuarentena no pasa semanalmente, poniendo en riesgo la salud de las comunidades que tienen basura acumulada por semanas”, dice la reportera Verónica Bastardo.
Ciudadanos en cuarentena desconectados
Encerrados en casa y desconectados de internet, así se encuentran la mayoría de los venezolanos durante la cuarentena debido a las constantes fallas del sistema eléctrico y de conectividad.
El teletrabajo sigue siendo una tarea titánica, el entretenimiento -para quienes quieren despejar la mente- o el acceso a la información se ve limitado por las fallas de internet.
El incendio registrado el 5 de abril en una de las sedes de Cantv, ubicada en el Municipio Chacao, en la capital del país, dejó sin conectividad durante varias horas a una gran cantidad de usuarios en esa y en varias ciudades a nivel nacional.
Los habitantes del estado Táchira se quejan con frecuencia de fallas del servicio de internet, datos móviles y señal de televisión por cable. “Hay días que no hay ningún tipo de conexión, lo que genera más angustia en la población que queda incomunicada”, explica Yamile Jiménez.
El trabajo de los reporteros de los medios de comunicación se ha visto limitado por la escasa conexión a internet y también por las restricciones impuestas para surtir gasolina. En el Zulia, por ejemplo, al segundo día de cuarentena la Comisión de Derechos Humanos (Codhez) emitió un alerta a través de sus redes sociales, en la que denunció que la falta de combustible no permite el traslado del personal de la estación de radio de la Universidad del Zulia.
“De acuerdo con la publicación de la organización no gubernamental, a partir de la una de la tarde de aquel día, LUZ Radio 102.9 FM, quedó fuera del aire por este motivo. Asimismo, aseguraron que para esa fecha muchos periodistas se habían acercado a la sede de la ZODI en el Zulia, y les había sido negada la entrega de los salvoconductos”, reporta Iraní Acosta.
Para la periodista de Carabobo, María E. Velazco, lo más difícil del ejercicio profesional durante la cuarentena ha sido evitar la propagación de los rumores en cuanto a si hay o no COVID-19 en la entidad. “El hecho que Carabobo se mantenga con cero casos -según cifras oficiales- genera intriga en los ciudadanos, quienes terminan valiéndose de rumores y ‘supuestas fuentes médicas’ que no aportan tranquilidad”.
El mandatario regional, Rafael Lacava, realiza declaraciones y anuncios a través de twitter, en algunos casos a través de WhatsApp. “Se ha mantenido activo y constante, sin embargo, todo lo que respecta al tema salud se limita a la fuente oficial con muy poco acceso. La actividad de algunos reporteros se ha visto afectada por la falta de gasolina. Por esta razón el propio Colegio Nacional de Periodistas, seccional Carabobo, hizo un llamado a los funcionarios para que se le permita colocar gasolina a los reporteros como personal prioritario”.
Todos con tapabocas
El uso de tapabocas es recomendado de forma especial para quienes portan el coronavirus, sin embargo, en Venezuela ha sido impuesto su uso, pese a la posibilidad de que este instrumento se convierta en un foco de gérmenes por su eventual mal manejo. Y aunque puede resultar sofocante, la mayoría de los ciudadanos que salen a la calle lo utilizan.
En Caracas se ofrecen bultos de mascarillas en moneda extranjera, “por lo que el caraqueño ha recurrido a la manufacturación de las mismas, con retazos de telas o material desechable”, describe Diana Carolina Martínez.
En el estado Miranda y en la capital del país, funcionarios de los cuerpos de seguridad tienen la nueva tarea de velar por el uso de este implemento y por el cumplimiento del aislamiento social. Lo mismo ocurre en el resto de las regiones, donde ha sido restringida la circulación entre municipios hermanos o entre estados.
Según Ysabel Viloria, en Miranda “los policías obligan a los peatones que no hacen compras o diligencias que vuelvan a sus casas”.
En todos los estados del país se han impuesto condiciones para circular en la calle o ingresar a algún establecimiento expendedor de alimentos o medicinas. En muchos comercios desinfectan las manos de los clientes con antibacterial y permiten el acceso de entre dos y cinco personas, lo cual ha inducido la formación de colas externas en las que las personas no respetan la distancia sugerida.
Videos del Metro de Caracas captados en estaciones como Zona Rental y Plaza Venezuela, se hacen virales bajo la premisa de que la cantidad de gente que circula tanto los días de semana como los fines de semana, es alta.
Los venezolanos ahora deben vivir sujetos a los nuevos horarios impuestos en los establecimientos comerciales. Por ejemplo, en Mérida está prohibida la circulación entre las 2:00 de la tarde y las 5:00 de la madrugada.
La vida de pacientes crónicos pende de un hilo
El sector salud ha sido uno de los eslabones más golpeados por las medidas de contención del COVID-19 en Venezuela, en especial por la añadida escasez de gasolina que, más allá de afectar a personal que labora en los centros asistenciales públicos y privados, golpea de forma directa a los pacientes de enfermedades crónicas.
En Lara, quienes dependen de una máquina de diálisis se agruparon en la Organización No Gubernamental SOS Pacientes Renales, en un intento por organizar y formalizar sus reclamos ante la imposibilidad de movilizarse. Durante una de sus protestas frente a una estación de gasolina, fue detenido el abogado y activista de derechos humanos, Henderson Maldonado, quien pasó tres días privado de libertad por brindarles apoyo.
“Los médicos no pueden ir a clínicas y hospitales porque, en las bombas, militares deciden a su antojo a quién surtir unos litros de gasolina”, explica la periodista larense Lirio Pérez Petit.
La doctora María Teresa Pérez, médica epidemióloga y magíster en salud pública -entrevistada por Pérez Petit- calificó la cuarentena como un “secuestro de pacientes y de ciudadanos. Estamos en una burbuja y así ninguna enfermedad evoluciona. No hay que encerrar a la gente, hay que hacerle pruebas, dotar al personal asistencial de equipos de bioseguridad para que trabajen confiados y entregar pruebas a todos los centros de salud públicos y privados”.
Para la exdirectora de Salud regional, “otro problema de Lara -y de Venezuela- es la información no real, a conveniencia de quien la da. El número de casos que oficialmente se contabilizan es de confirmados por pruebas hechas, pero no se hace el número de pruebas necesarias porque no se tienen los test suficientes”. Alarmada, la profesional de la salud se pregunta ¿cuántos asintomáticos sin prueba habrá que han podido y pueden contagiar una enfermedad que tiene 14 días de incubación?
Le preocupa, además, que, de los siete fallecidos anunciados para el 6 de abril, un diagnóstico fue postmortem: “¿dónde?, ¿cuándo y cómo lo contrajo la paciente? ¿y a quiénes pudo contagiar?”
Al cierre de la cuarta semana de cuarentena en Venezuela, Nicolás Maduro firmó el decreto de extensión del estado de alarma se por otros 30 días. Hasta el domingo 12 de abril, la cifra oficial de casos de COVID-19 es de 181. Ante esta realidad, muchos venezolanos se preguntan si podrán aguantar otras cuatro semanas encerrados, sin servicios básicos, sin gasolina y sin producir dinero.
Con información de Verónica Bastardo, Iraní Acosta, Yamile Jiménez, Diana Carolina Martínez, Lirio Pérez Petit, Ana Carolina Arias, María E. Velazco, Ysabel Viloria y Elvis Rivas
