En el contexto de la jornada electoral del domingo 6 de diciembre para la Asamblea Nacional 2020, se viralizaron audios que, más que invitar a votar, hacían un llamado a los “líderes de las comunidades” para buscar electores y llevarlos a los centros de votación. En el caso del audio detectado por el Observatorio Venezolano de Fake News, se amenaza con no entregar los perniles prometidos por el gobierno de Maduro para las navidades de este año.
Denuncias ciudadanas, declaraciones de voceros del chavismo y otros tantos audios de este mismo estilo, demuestran una campaña comunicacional para infundir miedo por medio de la restricción de beneficios y subsidios a quienes no votaran. Inicia con las declaraciones de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el cierre de campaña realizado en Ciudad Guayana, estado Bolívar, el 30 de noviembre. “Para el que no vote no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí”.
Esta amenaza, que trata de jugar con la entrega de bolsas de comida y bonos que benefician a algunos sectores de la población, fue secundada por otros voceros del chavismo como Iris Varela, quien previo al día de elecciones mandó un mensaje a funcionarios del servicio penitenciario. “Tenemos unas elecciones muy importantes el domingo (…) El que no vote, que lo boten, porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo…”
Julio León Heredia, gobernador del estado Yaracuy, también se une a la lista de quienes recurrieron a esta campaña de miedo para obligar a votar el pasado 6 de diciembre. En su audio se menciona la baja participación que se veía en el proceso e instaba a la utilización de los registros de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) para buscar a quienes no han votado en sus casas, “apliquemos a partir de este momento, un cuerpo a cuerpo”.
“A los que no han ido a votar los busquemos de las distintas maneras y aplicando cualquier método (…). Tenemos un reporte que indica quién es el voto duro, quién es el voto blando, quién está inscrito en el partido y el trabajador de la administración pública…”, se puede escuchar en las declaraciones del gobernador.
Nicolás Maduro Guerra, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) forzada en julio de 2017 e hijo del presidente Nicolás Maduro, también reconoció el alto nivel de abstención para las 3 de la tarde del día de elecciones. “Llamo a las jefas de calle, jefas de UBCH, jefes de comunidad, equipos parroquiales, a los jefes de eje para que metamos el remate perfecto y podamos compensar lo que hemos podido lograr en horas pasadas”.
Si bien estos audios no cuentan con detalles del contexto como fecha, presentación del locutor o lugar en el que se encuentra, se han logrado corroborar por las voces y por denuncias de ciudadanos en distintos sectores del país.
Una ciudadana en Morón, estado Carabobo, (que por razones de seguridad prefirió guardar su nombre) denunció que en su sector estuvieron visitando casa por casa durante el domingo 6 diciembre para obligar a votar. “Aquí, donde yo vivo es un barrio, hay pranes. Hace unas semanas hicieron una reunión con los jefes de calle. Aquí el que hace algo fuera de la corriente del proceso revolucionario le agarran las casas a batazos y balazos, y les dicen: ‘tienes 15 días para irte”.
Rafaél Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, también denunció la “invitación” a votar en el sector Las Acacias (Caracas) mientras le recordaban a los vecinos las bolsas CLAP. Hechos como estos también fueron reportados en Ciudad Guayana, Bolívar, y en Araure, Portuguesa.
Ante la baja participación en las elecciones para una nueva AN convocada por el gobierno de Maduro, líderes del chavismo optaron por la amedrentación de la población para presionar a los electores. A diferencia de procesos electorales anteriores, en esta oportunidad utilizan de forma directa los subsidios y beneficios para obligar a votar, insinuando que quien no vote dejará de recibirlos.
Es importante recordar que el 74% de los hogares venezolanos sufre de inseguridad alimentaria entre grave y severa, y que el 33% está en inseguridad severa. Si bien, no existe una entrega regular de cajas y bolsas CLAP el 92% de la población se ha beneficiado en algún momento de este subsidio (Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019 – 2020).
A pesar de que estos datos demuestran la violación del derecho a la alimentación en el país, ya en 2019 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había observado en su informe sobre Venezuela que en las listas de distribución se habían excluído a personas (C. Programas y políticas sociales, 22) y que las autoridades “empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”, (Conclusiones, 75).
