Parlamentarias 2020: ¿un “fake” de participación?

– En los primeros días de la nueva Asamblea Nacional, los temas de la gente no están presentes en los discursos y en las prioridades.

– Los resultados del 6 de diciembre indican que, habiendo obtenido 69 % de los votos totales, el partido de gobierno se adjudicó 92 % de los escaños, 253 de los 274 posibles, más los diputados indígenas seleccionados sin atender lo previsto en el artículo 186 de la CRBV.

El espacio privilegiado para el debate, la discusión de las ideas y el encuentro de todas las corrientes de una república es el foro parlamentario, la Asamblea Nacional, en el caso venezolano. En el deber ser de un país, este lugar es un ejemplo de tolerancia, respeto y diálogo constante. Ahí se ejerce la tan anhelada “alta política”.

Pero, del dicho aspiracional al hecho, no hay nada más alejado. Nuevamente estamos ante un hemiciclo gravemente cuestionado. En un Estado donde todos los poderes se duplicaron, pero la ciudadanía carece de participación real y efectiva.

La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional…” así dicta parte del artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El mandato es claro sobre la participación y la representación proporcional.

¿Existe representación proporcional de todas las fuerzas políticas y ciudadanas del país?, ¿hubo elección universal, directa y secreta de todos los diputados y diputadas?, ¿se cumplieron las premisas constitucionales?

La elección y los resultados

La instalación del nuevo periodo parlamentario vino precedido de un diluvio de críticas y denuncias relacionadas a la transparencia y la legalidad del proceso electoral. Por un lado, los dirigentes de la oposición aliados a Juan Guaidó no participaron en la contienda y decidieron proponer una Consulta Popular que los “autorizara” para seguir en frente de la asamblea saliente.

Hubo otra parte de la llamada oposición que sí decidió participar, pero en medio del proceso desarrollado el 6 de diciembre, reclamó por irregularidades.

Por ejemplo, el candidato Leocenis García denunció que la participación no fue de 30,5 %, como informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), según él, las actas dicen que la cifra fue de 23 % (El Nacional, 8 de diciembre). “Tenemos las actas y en el movimiento Prociudadanos sabemos lo que ocurrió el domingo en Venezuela…”, dijo.

Aseguró que durante el proceso “los miembros de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) obligaban a las personas a ejercer el voto a su conveniencia y, posteriormente, debían pasar por los puntos rojos para que cada elector diera sus datos, su cédula y su carnet de la patria. De lo contrario, eran amenazados de perder beneficios sociales, como las bolsas CLAP”, denunció en rueda de prensa el candidato por Caracas.

Estas denuncias forman parte de las advertencias realizadas por los dirigentes que se abstuvieron. “El fraude ha sido consumado”, aseguró Juan Guaidó. El rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. La mayoría de Venezuela dio la espalda a Maduro y a su fraude”, insistió Guaidó.

Por su parte, tanto el CNE como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) defendieron la transparencia del proceso y la participación de los electores. “Fue una gigantesca victoria de las fuerzas de la revolución venezolana, fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro, fue la más gigantesca victoria electoral, en un evento parlamentario desde 1947”, declaró el 7 de diciembre Jorge Rodríguez en rueda de prensa.

Sobre esta afirmación del ahora presidente del Poder Legislativo venezolano, cabe preguntarse, ¿fue más alta la participación de 2020 que la de 2015?, ¿sacó más votos el Gran Polo Patriótico en 2020 que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en 2015?

Según cifras del Poder Electoral, en la elección parlamentaria de 2015 participaron 13.747.450 electores, mientras que en la de 2020 lo hicieron 6.251.080, menos de la mitad que en la anterior.

En las parlamentarias de 2015 la mayoría de diputados los obtuvo la MUD, con 7.728.025 de votos; mientras que el PSUV y aliados en las elecciones más recientes de diciembre de 2020 sacaron 4.321.975 votos. ¿Se podría considerar esta última elección “la más gigantesca victoria electoral”? Los datos hablan por sí solos.

¿Representación proporcional?

Volviendo al inicio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que el parlamento estará conformado por una representación proporcional de las fuerzas, sin embargo, los resultados del 6 de diciembre indican que, habiendo obtenido 69 % de los votos totales, el partido de gobierno se adjudicó 92 % de los escaños, de los 274 posibles conquistaron 253, más los diputados indígenas. En este panorama, ¿se garantiza el derecho a las minorías establecido en la CRBV?

Por su parte, la representación indígena mantuvo 3 parlamentarios. En esta elección se modificó el reglamento, los pueblos no participaron en la elección de sus voceros de forma directa, universal y secreta a través del voto, como lo establece la carta magna.

¿Se podrá ejercer la plena participación de la ciudadanía en la Asamblea Nacional con el dominio casi absoluto de una sola fuerza política? Al igual que ocurrió en 2010, en 2015 y ahora en 2020, el que sacó más votos, se llevó todo. El sistema electoral venezolano está fallando en garantizar la repartición proporcional de los asientos en el Palacio Federal. Sin duda alguna, las mayorías absolutas no benefician la participación protagónica de los electores. Con este formato, un gran bloque termina comiéndose a la otra parte de la población que no se siente representada, y cuyas aspiraciones de vida política se ven suprimidas.

La instalación

Durante la instalación del nuevo parlamento, el 5 de enero, la diputada y vocera del partido socialista, Desiré Santos Amaral, fue enfática al decir “somos mayoría y vamos a ejercer el poder”. Y en esa misma sesión de instalación demostraron esa decisión, siendo aprobada una junta directiva con Jorge Rodríguez como presidente, e Iris Varela y Didalco Bolívar como vicepresidentes, todos del Gran Polo Patriótico. Además, nombraron una secretaria y otra subsecretaria. Decidieron según esa mayoría arrolladora.

Previamente, el diputado de oposición José Gregorio Correa cuestionó la terna presentada por el partido de gobierno: “siempre hay una oportunidad para hacer las cosas mejor, hoy no lo han hecho, hoy no lo hicieron”, dijo en referencia a la propuesta hecha por la bancada roja.

Reiteró que, de 21 millones de electores “solo votaron por ustedes 4 millones y eso equivale al 20 % y con eso ocupan el 90 % de los curules”. Dijo que se oponían a una junta directiva absoluta, porque esa no era una representación de la realidad del país.

Del mismo modo lo hizo el diputado Javier Bertucci: “el país necesita otro mensaje…, el país y todos nosotros necesitamos cambios y esta manera de imponerse evita esos cambios”. Exigió también la presencia de la oposición en la directiva.

Sobre los números y los porcentajes que dejó esta elección pueden hacerse múltiples lecturas, sin embargo, el tema de fondo son las condiciones del país y la crisis humanitaria compleja que lo azota. De eso no se dijo nada en la instalación de este nuevo hemiciclo, más allá de las consignas repetitivas del bloqueo económico de Estados Unidos como única causa de los problemas sociales.

Legalidad vs legitimidad

La instalación del nuevo parlamento reavivó el debate de lo que es legal y de lo que goza de legitimidad. Sobre lo primero, sería llover sobre mojado, existen fuertes cuestionamientos a la convocatoria y desarrollo del proceso electoral y, en cuanto a lo segundo, la mayoría de los países de occidente desconocen a los nuevos parlamentarios juramentados e insisten en reconocer a Juan Guaidó y a los diputados electos en el año 2015.

Sobre este tema, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso fue tajante y aseguró que “ninguna de las dos asambleas es legítima”. En una entrevista que concedió a Radio Fe y Alegría Noticias explicó que el país entra en “una total desinstitucionalización”.

A su juicio, en la constitución nacional no hay un aval para que Juan Guaidó mantenga en funciones la anterior asamblea y “tenemos un conjunto de órganos que se dicen representar al país, pero evidentemente carentes del suficiente soporte popular; es decir, carentes de legitimidad y actuando bajo criterios propios que se han ido estableciendo”.

En su cronología de la desinstitucionalización, mencionó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección presidencial, la de gobernadores y alcaldes.

¿Y la gente?

Los venezolanos son los que sufren directamente este proceso de desinstitucionalización al que hace referencia el rector de la UCAB. En la cotidianidad se intensifica la precariedad de los servicios, las comunidades siguen viviendo sin agua potable, sin acceder al gas doméstico, haciendo malabares para conseguir dólares que les permitan pagar los altos precios de los alimentos y, ahora, tampoco habrá disidencia parlamentaria que ejerza la contraloría sobre las instituciones del Poder Ejecutivo que deben dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía.

En estos primeros días de la nueva Asamblea Nacional, los temas de la gente no están presentes en los discursos y en las prioridades. Las primeras horas sirvieron para instalar una comisión que investigue a los diputados del periodo anterior 2016-2021, comisión que paradójicamente será presidida por el diputado José Brito, quien también fue parte de esa cámara.

El rol que cumplirán los nuevos parlamentarios quedó claro con la intervención de Pedro Carreño el 5 de enero: “…poner este parlamento al servicio de los intereses del pueblo, es ponerlo al servicio de la constitución, es ponerlo al servicio de la revolución y al servicio del gobierno revolucionario que dirige nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Lo digo sin complejos, para que estemos claros…”

Aunque la norma suprema, en su artículo 187, no diga nada sobre poner el parlamento al servicio de intereses partidistas dentro de sus funciones constitucionales, ya fue enfático el diputado Carreño al definir el propósito parlamentario de este periodo.

¿Venezuela vivió un fake de participación?, ¿se quedaron los venezolanos sin instituciones independientes que hagan contrapeso democrático?

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