Las democracias del mundo se han caracterizado por defender y proteger las libertades de información, de prensa y de expresión, consideradas como derechos humanos fundamentales desde hace más de seis décadas. Pero el fenómeno de viralización y aumento de fake news en nuestros tiempos ha causado no pocos debates políticos sobre cómo evitar la propagación de noticias falseadas sin restringir las referidas libertades. En esta primera entrega de dos series, el Observatorio Venezolano de Fake News ofrece el panorama legal al respecto.
De acuerdo con el Instituto Poynter, diez países han aprobado leyes para regular las fake news: China, Camboya, Vietnam, Malasia, Kenia, Burkina Faso, Francia, Bielorrusia y Singapur, mientras que otras 42 naciones han ejecutado distintas acciones para tratar de contrarrestar las noticias falseadas y la desinformación. Sin embargo, las legislaciones aprobadas contra las fake news no han estado exentas de críticas y, en la mayoría de los casos, han sido utilizadas por los gobiernos para censurar y limitar las libertades informativas.
En Venezuela, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resortemec) establece controles al contenido de los mensajes en los medios audiovisuales, indicando que más adelante regularía los contenidos publicados en internet. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han denunciado que esa ley restringe la libertad de prensa y que el órgano que la aplica, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la utiliza para imponer censura.
Leyes vs. protección a los usuarios
Ana Julia Niño, abogada y profesora universitaria, recomienda dirigir los esfuerzos por contrarrestar las fake news al desarrollo de mecanismos legales y estructuras estatales que protejan a los públicos, garantizándoles el acceso a fuentes plurales, a información pública transparente y a programas de alfabetización digital. A su juicio, es fundamental fortalecer la sociedad a través de organizaciones civiles de usuarios de medios cuya retroalimentación con los proveedores de noticias contribuya a combatir la desinformación, principal consecuencia de las informaciones falseadas.
“Una posible pista la ha dado la Unión Europea, con el establecimiento en noviembre de 2017 de un Grupo de Expertos de Alto Nivel para impedir la propagación de información falsa y, por consiguiente, la probable adopción de una legislación europea en la materia. Pero al mismo tiempo, esos avances legislativos deben hacernos pensar sobre la necesidad, o no, de regular jurídicamente el tema”, reflexiona la autora.
Referencias
Funke, D. y Flamini, D. (2019) A guide to anti-misinformation actions around the world. Poynter Institute. [Documento en línea]. Disponible en: https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/#singapore
Niño, A. (2019). El derecho a la información del público y la amenaza de las noticias falsas. Observatorio Venezolano de Fake News. [Documento en línea]. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/el-derecho-a-la-informacion-del-publico-y-la-amenaza-de-las-noticias-falsas/
