Opacidad y falta de participación: los aliados del Ministerio de Educación Universitaria

No hubo diálogo en la medida de congelar las matrículas de las universidades privadas, tampoco debate ni consenso en la nueva política que prioriza en cinco áreas los programas de estudios universitarios. La desinformación continúa ganando terreno incluso en los datos estadísticos sobre el plan Universidad en Casa

En enero al sector universitario le tocó escarbar entre rumores para lograr información precisa y verdadera. Ese mes, el Ministerio de Educación Universitaria ordenó congelar las matrículas de las universidades privadas. También hizo público el plan de Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario que prioriza programas de estudios.

¿Qué tienen en común estos dos hechos? No hubo participación del sector universitario en la toma de decisiones y la opacidad informativa se impuso. La información se generó puertas adentro en una reunión que el ministro César Trómpiz sostuvo el 6 de enero con las autoridades de las universidades privadas.

La orden fue congelar las matrículas al costo del último trimestre de 2020. “No hubo discusión previa”, dice María Elena Cedeño, vicerrectora Administrativa de la Universidad Metropolitana. Recuerda que en ocasiones anteriores, se han fijado mesas de trabajo para revisar las estructuras de costo. “Es importante el acuerdo y la información previa, la discusión sobre diferentes aspectos, como lo que se trató de hacer en alguna oportunidad”, agrega.

La decisión ha generado incertidumbre en el sector ante un posible deterioro de las instituciones si la medida se mantiene a largo plazo. Para Cedeño las autoridades del Ministerio deberían considerar analizar cada caso de manera individual: “Es necesario tener un diálogo y buscar un acuerdo sobre esta medida”. Las estructuras de costos de la universidad, cuenta Cedeño, son compartidas con los estudiantes para hacer transparente la toma de decisiones financieras.

La opacidad

En Venezuela, según el artículo 102 de la Constitución, la educación es democrática, pues considera la participación activa para los procesos de transformación social. “El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley”, se lee.

Pero esto tampoco fue considerado para el plan de Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Trómpiz solo informó a los rectores de las universidades de este programa, ya lo había hecho en diciembre de 2020 con otras autoridades en un Consejo Nacional de Universidades. Para el momento, no se había anunciado en medios de comunicación.

En enero de 2021, en las redes sociales comenzó a circular el documento Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario del Ministerio de Educación Universitaria que expone como prioritarias 15 carreras, 21 derivadas y 109 complementarias. Se lee que las áreas en Salud, Educación, Producción, Desarrollo Industrial y Construcción será la nueva oferta académica de 2021.

La opacidad y la falta de información oficial generaron que en cadenas de WhatsApp y a través de tweets se asegurara la eliminación de programas de estudios en áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. 

El 27 de enero, en Unión Radio, el periodista Eduardo Rodríguez, en un contacto con Trómpiz, alarmado preguntó: “¿Sólo se van a dictar 145 carreras? ¿De dónde viene esta información?”. El ministro desmintió la eliminación de carreras y aseguró que su despacho trabaja en “una política de priorización de carreras” que no significa el cierre de otras y que busca “fortalecer áreas que tienen poca capacidad de cupos, ensanchar la capacidad de ofertas” en áreas vinculadas a los Motores Productivos. Pero tampoco explicó cómo se va a ejecutar este plan. La preocupación, la incertidumbre y la angustia persisten. La política continúa sin ser explicada y debatida con los sectores de la comunidad educativa. “Lo que ha habido es simplemente una suerte de instrucción unilateral, pero no se han dado los mecanismos de cómo se va a implementar eso”, dice Tulio Ramírez, profesor universitario y doctor en Educación.

Preguntas sin respuestas

¿La Oficina de Planificación del Sistema Universitario (Opsu) no va a asignar a estudiantes a carreras humanísticas y sociales? ¿Cómo ubicarán los bachilleres sus opciones de estudio en la plataforma de la Opsu? ¿Están obligados los estudiantes a ubicar opciones dentro de las 145 carreras prioritarias?

¿Las universidades autónomas van a dejar de ingresar a estudiantes en carreras de Humanidades y Ciencias Sociales? ¿El presupuesto universitario se va destinar a las 145 carreras prioritarias? Estas son preguntas todavía sin respuestas, considerando que los meses venideros los estudiantes deberían hacer el registro en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI). El año pasado el SIN comenzó el 24 de abril, al momento, se desconoce cuándo se iniciará el proceso.

Trómpiz afirmó el 25 de enero en una entrevista a Globovisión que el plan fue demandado “por la realidad y por el presidente Nicolás Maduro”. Y que esta política de priorización es para “los nuevos estudiantes que se preparan para el Sistema Nacional de Ingreso 2021”.

“Suele suceder que el Gobierno anuncia medidas y después deja pasar el tiempo y no pasa nada. No sabemos si en esta oportunidad será igual. Por lo pronto, hay preocupación porque no se sabe cómo se va a implementar la medida. El 6 de enero fue el anuncio, así puede llegar julio y no sabemos nada”, dice Ramírez.

Esta situación ha generado una alerta en los académicos que hoy no tienen respuestas sobre el funcionamiento de esta política. El Consejo de Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un comunicado señaló que la modificación de carreras y planes de estudios dentro de las Humanidades debe ser producto de un amplio consenso donde, además, se tenga presente el marco de la libertad de elección, consideraciones vocacionales y se fomente el pensamiento crítico.

Más desinformación oficial

El 30 de diciembre  de 2020 Trómpiz dijo: “Más del 90 % de la prosecución universitaria se ha logrado en este tiempo, se ha logrado hacer una cobertura de todo el espectro de las universidades de gestión pública y privada”. Es una frase dudosa.

En octubre de 2020, el Observatorio de Universidades culminó su encuesta sobre Educación Virtual en 24 estados del país. Esta abarcó 77 instituciones de educación superior y una población de 5866 personas, entre profesores y estudiantes. En los resultados, la inactividad académica y el desconocimiento sobre el plan Universidad en Casa, programa oficial, fue una constante en la respuesta.

Según los datos obtenidos, 56 % de los profesores no ha impartido actividades académicas durante la pandemia. Mientras que 44 % de los estudiantes no ha recibido clases a distancia.

“Casi nadie conoce el plan anunciado por el ministro Trómpiz al inicio de la pandemia. Un plan que, por el hecho de no contar con un diagnóstico claro, con unas estrategias, directrices claras, ha generado las consecuencias que hoy tenemos. Más de la mitad de la población universitaria del país no ha podido comenzar las clases”, explica Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio de Universidades. En la encuesta, 71 % de los profesores y 84 % de los estudiantes dijeron no conocer el plan Universidad en Casa.

En el sitio web de la Opsu, en la pestaña del plan Universidad en Casa, solo aparece un documento de 8 páginas que menciona que las actividades académicas, cada institución hará su plan de prosecución con estrategias metodológicas y modalidades de atención y evaluación.

Pero las condiciones del país son adversas en medio de una emergencia humanitaria compleja y la pandemia de la COVID-19 para la prosecución. Los datos del Observatorio de Universidades indican que 62 % de los profesores y 55 % de los estudiantes no cuenta con servicio eléctrico continuo. El gremio docente no percibe más de cinco dólares mensuales de salario.

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