La escena distópica de una ciudad desolada, con las calles mudas y los servicios en cuarentena es una metáfora en déjà vu de la transmutación que ya estaba viviendo Maracaibo, esa que fue tenida por ruidosa, hiperactiva y contestataria.
Hace poco lo dijo en su duelo la periodista y escritora Marlene Nava, entrevistada por Milagros Socorro: “Maracaibo está muerta. La mataron”. Y no fue por el confinamiento obligatorio y sus razones sanitarias. El ‘urbicidio’ ocurrió mucho antes de la pandemia letal.
Sin garantías de funcionamiento las ciudades no sobreviven. Si lo hacen, la terquedad tiene al menos un motivo: no es fácil ocultar el abandono y la desesperación de tanta gente.
Antes del decreto de alarma en su primera emisión, Maracaibo ya parecía otra a causa de la diáspora, la quiebra económica y la emergencia de los servicios públicos fundamentales, especialmente del sistema eléctrico, causa primaria de la debacle de toda la infraestructura productiva y de la normalidad de la vida cotidiana.
Era una ciudad literalmente apagada y hambrienta: las fallas eléctricas afectaban a la mayoría de los 132 circuitos administrados por Corpoelec y en 3 de cada 4 hogares marabinos no se lograba comer lo suficiente. Una capital menguada, sin medios de información impresos y con los radioeléctricos sobreviviendo a la desinversión, la escasez de anunciantes y el desarreglo de sus programaciones, condenados a pasar varias horas al día sin luz.
La tragedia social
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) dejaba constancia de esto último en octubre de 2018: “En 74,5 % de los hogares de Maracaibo se reportó que, alguna vez en los últimos tres meses, tanto adultos como niños sintieron hambre, pero no comieron”.
La encuesta sobre seguridad alimentaria en la capital del estado Zulia se ha hecho dos veces más desde entonces, y los datos iban pintando un cuadro más oscuro. Un año después de publicar los resultados de su primera investigación, Codhez reveló la secuela: “En 74,5 % de los hogares de Maracaibo se reportó que, alguna vez en los últimos tres meses, tanto adultos como niños (…) no comieron”, con la mitad de la gente sin poder hacer al menos el desayuno o la cena, 7 de cada 10 hogares declarando ingresos diarios del equivalente a un dólar o menos y 71,9 % reconociendo que al menos uno de los miembros de la familia había emigrado de este país.
También estaban padeciendo la vulneración del derecho de acceso a agua potable. Codhez denunció en marzo de este año que, “tanto en zonas residenciales como en comercios e industrias”, la veda era de 15 a 30 días y en algunos casos, por meses.
Incluso más allá de Maracaibo: solo en la segunda quincena de ese mes “se reportó que al menos 87 sectores del Zulia, ubicados en 8 municipios y 31 parroquias, en las que residen más de 2 millones de personas, denunciaron dificultades de acceso al agua potable”.
Codhez, además, ha dicho que la escasez de gasolina, una novedad en el resto del país, lleva tres años deprimiendo la vida cotidiana de los habitantes de Maracaibo y todo el estado Zulia. Solamente en los días previos al decreto regional número 822 del 16 de marzo, que reitera los términos de la emergencia por la propagación de la COVID-19, los problemas para obtener gasolina empeoraron “por problemas en la frecuencia y/o la cantidad de despacho a las estaciones de servicio, de modo que no se aseguraba la provisión de combustible a todos los vehículos que se encontraban en espera”. La mayoría de las estaciones dispensadoras estuvo cerrada al momento de iniciarse la cuarentena: “Filas de kilómetros fueron el anuncio del caos absoluto, pues una vez decretado el estado de excepción se decidió prohibir el despacho de gasolina al público en general, limitándose, en la práctica, a las autoridades policiales y militares. La desinformación y falta de orientación oficial conllevaron a quejas y al malestar de la población ante la incertidumbre de los días por venir”.
En su mínima potencia
Precisamente la desinformación es la guinda en el tope del drama local. De especial modo lo es en el caso de la emergencia crónica del servicio eléctrico. Ya lo advertía también Codhez cuando se cumplió un año del primer gran apagón nacional de 2019: “En la actualidad no existe un informe fidedigno y oficial sobre el real estado del Sistema Eléctrico Nacional, y toda persona experta en la materia, que exprese alguna opinión al respecto, es perseguida por los cuerpos de seguridad del Estado”.
De hecho, el único estudio que explica lo ocurrido el 7 de marzo del año pasado fue hecho por el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCV, Julio Molina, apenas cinco días después del catastrófico evento, justo cuando salían del blackout los primeros sectores de Maracaibo.
En ese informe se revela un dato que denota el grado real del desahucio eléctrico en el estado Zulia. De los 2.918 megavatios que podría generar la región –y que representan más de una cuarta parte de lo que produce Guri–, al momento del apagón que se produjo por la falla de 80 % del aporte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), solo estaban disponibles 395 megavatios, es decir, 14 % de su capacidad nominal.
El parque térmico desarrollado a lo largo de cuatro décadas en Zulia está compuesto por once plantas con un total de 45 unidades de generación. El más grande de ellos es a su vez el mayor del país. Junto a una vieja instalación de 13 turbinas, las cuatro plantas Termozulia integran el Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta, localizado a 20 kilómetros al sur de Maracaibo.
Solo Termozulia, con las únicas dos plantas activas hoy a su plena potencia, podría atender 50 % de la demanda eléctrica del estado, que es de 1.800 MW. Y si todo el complejo funcionara con la máxima capacidad, Zulia tendría totalmente satisfechas sus necesidades energéticas.
Cuando se logró restablecer el SIN a mediados de marzo de 2019, esta región no recibía más de 400 MW. Hoy el máximo es de 700 MW. Al sumar los 375 megavatios que realmente generan Termozulia II y III y los aproximadamente 90 MW que estarían aportando las otras tres únicas plantas funcionales, el déficit de energía eléctrica en la región es de, por lo menos, 635 megavatios. Esto, solo para ilustrar el tamaño de la crisis, equivale a casi 80 % del consumo habitual de Maracaibo.
Misterio en La Cañada
Pero el discurso oficial no se compadece de Maracaibo. A la ciudad se le ocultan estas cosas; no hay técnicos ni gerentes de Corpoelec que lo expliquen con claridad, de modo que la población comprenda la gravedad de la emergencia eléctrica. Quien sí habla es el gobernador, cabeza y vocero del llamado estado mayor eléctrico del estado Zulia.
Nadie es capaz de deducir lo que pasa con la generación termoeléctrica local a partir de las declaraciones de Omar Prieto ni de los reportes de Corpoelec en medios y redes sociales.
Un ejemplo de la desinformación es el misterio de las turbinas de Termozulia. En los seis meses que han transcurrido de 2020, las declaraciones oficiales solamente han mencionado la reparación y activación de tres de las unidades del Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta, pero son 24 al sumar las de la vieja instalación en La Cañada de Urdaneta y las 11 que pertenecen a las cuatro plantas de Termozulia, ubicadas todas en un espacio de 70 hectáreas.
Lacónicamente, Corpoelec informó el 14 de enero que se ejecutaban “labores de reparación en Termozulia”, sin detalles. Esa noticia significaba poco para los marabinos, que han recibido el mismo reporte infinitas veces desde 2010, cuando ya la emergencia eléctrica había sido admitida y declarada por las autoridades nacionales.
Un día después, el gobernador Prieto anunció un plan de racionamiento del servicio en Maracaibo cada 6 horas, cosa que tampoco era información nueva, habida cuenta de que en 2019 fueron no menos de diez planes de administración de carga (PAC) los que se pusieron en vigor en Zulia.
El gobernador apareció una semana después en una conferencia de prensa para decir que, “a finales de este mes y principios del otro, entrará en funcionamiento otra turbina para 150 megavatios más, lo que va a seguir garantizando la disminución de la administración de carga, más que todo en la Costa Occidental que es la que más ha estado sufriendo”. ¿Una turbina más? ¿Cuál de todas las que hay en el CTRU? Ningún periodista presente lo preguntó, pero el mismo Prieto intentó aclararlo: en total “serán cuatro turbinas instaladas en Termozuliapara recuperar la producción energética del estado”.
De acuerdo con esta confesión, solo cuatro de las 11 turbinas de ciclo simple y combinado que hay en Termozulia I, II, III y IV estaban operativas. Pero, además, Prieto dijo otra cosa que abonaba a la desinformación: al gobierno nacional se le ha complicado la adquisición de los equipos necesarios para poner en funcionamiento el parque térmico, debido al “bloqueo” que las sanciones extranjeras ejercían sobre Venezuela, pues los componentes “son vendidos únicamente por General Electric y Siemens”.
Hay un problema con esta declaración, y es que cinco días después la propia página web de Corpoelec publicaba una nota informativa sobre las labores de reparación de la turbina TZ4 que reportaba la “sustitución de todas las piezas que fueron adquiridas directamente del fabricante, garantizando la confiabilidad de la máquina para su puesta en servicio”.
La TZ4 y la TZ5 pertenecen a Termozulia II. Todas las especificaciones técnicas de las empresas Inelectra y Ferrostaal, que participaron en el desarrollo del proyecto térmico del CTRU, así como las de Corpoelec y las propias memorias del Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, fijan la capacidad nominal, la máxima potencia de esas unidades en 180 megavatios. Sin embargo, el 15 de junio Omar Prieto ha dicho a los medios, al anunciar una vez más la puesta en funcionamiento de la TZ4, que ese equipo “proporciona 200 megavatios”.
El 9 de febrero, en una visita de inspección al complejo térmico, el ministro Freddy Brito informó que habían entrado en funcionamiento tres unidades de Termozulia para aportar 340 MW. Se refería a la TZ4, TZ7 de Termozulia III y la TZ11 de Termozulia IV. Las dos últimas fueron fabricadas para generar un máximo de 85 MW cada una. Al sumarle la capacidad tope de la TZ4 serían 350 MW, lo cual permite deducir que Brito fue un tanto cauteloso al referirse al aporte de esas tres máquinas al sistema eléctrico.
También se puede entender, sobre la asede esta declaración, que 340 MW es lo que en realidad estaba generando el complejo Rafael Urdaneta.
El ministro Brito, por cierto, volvió a Zulia el 12 de junio para observar los trabajos de reparación de la TZ7 y de la TZ1, que es una de las dos turbinas de Termozulia I.
Resistencia a la desinformación
La reiteración de mensajes inexactos y de medias verdades oficiales sobre el drama eléctrico hace eco en una región donde la pérdida de la brújula informativa independiente deja a todos sumidos en una gran confusión. Es un ambiente en el que lo único fijo son las ruedas de prensa del gobernador, aprovechando las limitaciones de la prensa local y de los canales de opinión para dominar la agenda pública.
Las plataformas de mensajería instantánea se han convertido en sustituto de los diarios que ya no circulan, de la radio que se protege del control regulatorio convertida en hilo musical, y de la televisión que muy poca gente veía, incluso mucho antes de que enfermera el servicio de las cableras y las antenas de DirecTV se quedaran sin señal.
Muchas veces incontestadas e impunes, las cadenas de fake news suenan como el soundtrack de la agonía de Maracaibo. En WhatsApp la desinformación es el lenguaje común de las mayorías y Telegram, bastante más generoso con las afiliaciones de grupos grandes, tiene su principal utilidad en el intercambio de ‘datos’ para la búsqueda de gasolina.
En este escenario, la mentira y la manipulación solo reciben pelea de un par de iniciativas periodísticas que compendian las noticias verificadas de medios nacionales e internacionales, y también de las páginas web informativas de la región bloqueadas por Cantv bajo órdenes de Conatel, como en el caso de Noticiaaldia.com, víctima de la denegación de los IP de usuarios venezolanos que intentan acceder desde la mayoría de las plataformas de operadores de Internet en el país.
Venezuela al Minuto (VAM) es uno de esos esfuerzos noticiosos de excepción, un respiro fresco en el ambiente tóxico de la desinformación. Un grupo de periodistas ofrece este servicio gratuito a través de WhatsApp y Telegram, ayudando a despejar el ambiente de noticias falsas y engaños oficiales.
Lo poco que Maracaibo resiste informativamente es producto de la perseverancia de periodistas independientes y corresponsales tenaces, que no han bajado la cerviz y alimentan a diario los reportes de medios nacionales y extranjeros sobre las penurias económicas, la emergencia humanitaria y el calamitoso sistema eléctrico de la región.
El mito de las 48 horas
Cuando el 6 de abril el gobernador Prieto ofreció una nueva declaración, a raíz de las constantes fallas del servicio en Maracaibo y otros municipios, dijo que la administración de carga, necesaria para el mantenimiento de las líneas de transmisión afectadas, sería de 3 horas diarias para cada circuito eléctrico. “El sistema ya está estable, lo que no tenemos es suficiente generación”, reconoció ese día.
En 10 estados del país ocurrió un apagón el 5 de mayo. Localmente, la peor consecuencia fue que la TZ4, varias veces reparada en fechas recientes, quedó fuera de servicio. Lograron ponerla a funcionar de nuevo cinco días después, pero los marabinos seguían reportando apagones y largos períodos de racionamiento, principalmente en el oeste y el norte de la ciudad.
Los trabajos de emergencia en Termozulia son la causa de los racionamientos, según el gobernador el 7 de mayo. “En 48 se estará estabilizando el sistema”, garantizó al tiempo que anunciaba un PAC de 5 horas diarias.
Exactamente un mes después, Omar Prieto repitió la promesa de mejoría en 48 horas luego de admitir que la inestabilidad era producto de nuevas reparaciones “de emergencia” en Termozulia. Pero el desconcierto público ante la reiteración de anuncios imposibles era tal, que hasta el conservador diario Panorama editorializó la nota en que reproducían las declaraciones del gobernador: “El racionamiento, al que el Gobierno describe como plan de administración de carga, se produce sin que medie un cronograma informativo para los zulianos y con duraciones que parecen una auténtica lotería”.
Aun no se le recordaba a Prieto que en febrero había anunciado, por enésima vez, las labores de reparación de la vieja planta Ramón Laguna, la primera termoeléctrica que tuvo la ciudad de Maracaibo y que estaba inoperante desde hacía años al vencerse su vida útil. En palabras del gobernador, con ello se podría agregar una generación de 170 MW adicionales.
Pero esa repotenciación no se hizo. Como tampoco se ha reiniciado la construcción de la termoeléctrica de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, en la costa oriental del lago. Con tecnología de ciclo combinado, esas instalaciones tendrían una capacidad nominal de 1.000 MW en dos bloques de generación de potencia de 500 MW cada uno.
Las respuestas que no se dan
A los zulianos no se les ha rendido cuentas sobre la sustitución del cable de 230 kilovoltios del Sistema Interconectado Nacional que atraviesa el lago de Maracaibo adosado al puente Rafael Urdaneta. Una maniobra fallida de Corpoelec lo quemó en agosto de 2018, perdiéndose gran parte de los 200 millones de dólares del préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en 2014.
Tampoco se les dice que para las plantas Termozulia II y III Venezuela recibió un total de 676,5 millones de dólares desde 2010. En ninguna de las alocuciones del gobernador Omar Prieto, o del ministro Freddy Brito y sus antecesores, hay explicaciones de por qué fallan continuamente unas costosas termoeléctricas que, en más de una década, nunca operaron a toda su capacidad, condenando a la población zuliana a sufrir una pesadilla sin final ni razón que la justifique. Enable Review EncabezadoIntroduce nuevas secciones y organiza el contenido para ayudar a los visitantes (y a los motores de búsqueda) a comprender la estructura de tu contenido.
La tragedia social
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) dejaba constancia de esto último en octubre de 2018: “En 74,5 % de los hogares de Maracaibo se reportó que, alguna vez en los últimos tres meses, tanto adultos como niños sintieron hambre, pero no comieron”.
La encuesta sobre seguridad alimentaria en la capital del estado Zulia se ha hecho dos veces más desde entonces, y los datos iban pintando un cuadro más oscuro. Un año después de publicar los resultados de su primera investigación, Codhez reveló la secuela: “En 74,5 % de los hogares de Maracaibo se reportó que, alguna vez en los últimos tres meses, tanto adultos como niños (…) no comieron”, con la mitad de la gente sin poder hacer al menos el desayuno o la cena, 7 de cada 10 hogares declarando ingresos diarios del equivalente a un dólar o menos y 71,9 % reconociendo que al menos uno de los miembros de la familia había emigrado de este país.
También estaban padeciendo la vulneración del derecho de acceso a agua potable. Codhez denunció en marzo de este año que, “tanto en zonas residenciales como en comercios e industrias”, la veda era de 15 a 30 días y en algunos casos, por meses.
Incluso más allá de Maracaibo: solo en la segunda quincena de ese mes “se reportó que al menos 87 sectores del Zulia, ubicados en 8 municipios y 31 parroquias, en las que residen más de 2 millones de personas, denunciaron dificultades de acceso al agua potable”.
Codhez, además, ha dicho que la escasez de gasolina, una novedad en el resto del país, lleva tres años deprimiendo la vida cotidiana de los habitantes de Maracaibo y todo el estado Zulia. Solamente en los días previos al decreto regional número 822 del 16 de marzo, que reitera los términos de la emergencia por la propagación de la COVID-19, los problemas para obtener gasolina empeoraron “por problemas en la frecuencia y/o la cantidad de despacho a las estaciones de servicio, de modo que no se aseguraba la provisión de combustible a todos los vehículos que se encontraban en espera”. La mayoría de las estaciones dispensadoras estuvo cerrada al momento de iniciarse la cuarentena: “Filas de kilómetros fueron el anuncio del caos absoluto, pues una vez decretado el estado de excepción se decidió prohibir el despacho de gasolina al público en general, limitándose, en la práctica, a las autoridades policiales y militares. La desinformación y falta de orientación oficial conllevaron a quejas y al malestar de la población ante la incertidumbre de los días por venir”.
En su mínima potencia
Precisamente la desinformación es la guinda en el tope del drama local. De especial modo lo es en el caso de la emergencia crónica del servicio eléctrico. Ya lo advertía también Codhez cuando se cumplió un año del primer gran apagón nacional de 2019: “En la actualidad no existe un informe fidedigno y oficial sobre el real estado del Sistema Eléctrico Nacional, y toda persona experta en la materia, que exprese alguna opinión al respecto, es perseguida por los cuerpos de seguridad del Estado”.
De hecho, el único estudio que explica lo ocurrido el 7 de marzo del año pasado fue hecho por el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCV, Julio Molina, apenas cinco días después del catastrófico evento, justo cuando salían del blackout los primeros sectores de Maracaibo.
En ese informe se revela un dato que denota el grado real del desahucio eléctrico en el estado Zulia. De los 2.918 megavatios que podría generar la región –y que representan más de una cuarta parte de lo que produce Guri–, al momento del apagón que se produjo por la falla de 80 % del aporte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), solo estaban disponibles 395 megavatios, es decir, 14 % de su capacidad nominal.
El parque térmico desarrollado a lo largo de cuatro décadas en Zulia está compuesto por once plantas con un total de 45 unidades de generación. El más grande de ellos es a su vez el mayor del país. Junto a una vieja instalación de 13 turbinas, las cuatro plantas Termozulia integran el Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta, localizado a 20 kilómetros al sur de Maracaibo.
Solo Termozulia, con las únicas dos plantas activas hoy a su plena potencia, podría atender 50 % de la demanda eléctrica del estado, que es de 1.800 MW. Y si todo el complejo funcionara con la máxima capacidad, Zulia tendría totalmente satisfechas sus necesidades energéticas.
Cuando se logró restablecer el SIN a mediados de marzo de 2019, esta región no recibía más de 400 MW. Hoy el máximo es de 700 MW. Al sumar los 375 megavatios que realmente generan Termozulia II y III y los aproximadamente 90 MW que estarían aportando las otras tres únicas plantas funcionales, el déficit de energía eléctrica en la región es de, por lo menos, 635 megavatios. Esto, solo para ilustrar el tamaño de la crisis, equivale a casi 80 % del consumo habitual de Maracaibo.
Misterio en La Cañada
Pero el discurso oficial no se compadece de Maracaibo. A la ciudad se le ocultan estas cosas; no hay técnicos ni gerentes de Corpoelec que lo expliquen con claridad, de modo que la población comprenda la gravedad de la emergencia eléctrica. Quien sí habla es el gobernador, cabeza y vocero del llamado estado mayor eléctrico del estado Zulia.
Nadie es capaz de deducir lo que pasa con la generación termoeléctrica local a partir de las declaraciones de Omar Prieto ni de los reportes de Corpoelec en medios y redes sociales.
Un ejemplo de la desinformación es el misterio de las turbinas de Termozulia. En los seis meses que han transcurrido de 2020, las declaraciones oficiales solamente han mencionado la reparación y activación de tres de las unidades del Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta, pero son 24 al sumar las de la vieja instalación en La Cañada de Urdaneta y las 11 que pertenecen a las cuatro plantas de Termozulia, ubicadas todas en un espacio de 70 hectáreas.
Lacónicamente, Corpoelec informó el 14 de enero que se ejecutaban “labores de reparación en Termozulia”, sin detalles. Esa noticia significaba poco para los marabinos, que han recibido el mismo reporte infinitas veces desde 2010, cuando ya la emergencia eléctrica había sido admitida y declarada por las autoridades nacionales.
Un día después, el gobernador Prieto anunció un plan de racionamiento del servicio en Maracaibo cada 6 horas, cosa que tampoco era información nueva, habida cuenta de que en 2019 fueron no menos de diez planes de administración de carga (PAC) los que se pusieron en vigor en Zulia.
El gobernador apareció una semana después en una conferencia de prensa para decir que, “a finales de este mes y principios del otro, entrará en funcionamiento otra turbina para 150 megavatios más, lo que va a seguir garantizando la disminución de la administración de carga, más que todo en la Costa Occidental que es la que más ha estado sufriendo”. ¿Una turbina más? ¿Cuál de todas las que hay en el CTRU? Ningún periodista presente lo preguntó, pero el mismo Prieto intentó aclararlo: en total “serán cuatro turbinas instaladas en Termozuliapara recuperar la producción energética del estado”.
De acuerdo con esta confesión, solo cuatro de las 11 turbinas de ciclo simple y combinado que hay en Termozulia I, II, III y IV estaban operativas. Pero, además, Prieto dijo otra cosa que abonaba a la desinformación: al gobierno nacional se le ha complicado la adquisición de los equipos necesarios para poner en funcionamiento el parque térmico, debido al “bloqueo” que las sanciones extranjeras ejercían sobre Venezuela, pues los componentes “son vendidos únicamente por General Electric y Siemens”.
Hay un problema con esta declaración, y es que cinco días después la propia página web de Corpoelec publicaba una nota informativa sobre las labores de reparación de la turbina TZ4 que reportaba la “sustitución de todas las piezas que fueron adquiridas directamente del fabricante, garantizando la confiabilidad de la máquina para su puesta en servicio”.
La TZ4 y la TZ5 pertenecen a Termozulia II. Todas las especificaciones técnicas de las empresas Inelectra y Ferrostaal, que participaron en el desarrollo del proyecto térmico del CTRU, así como las de Corpoelec y las propias memorias del Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, fijan la capacidad nominal, la máxima potencia de esas unidades en 180 megavatios. Sin embargo, el 15 de junio Omar Prieto ha dicho a los medios, al anunciar una vez más la puesta en funcionamiento de la TZ4, que ese equipo “proporciona 200 megavatios”.
El 9 de febrero, en una visita de inspección al complejo térmico, el ministro Freddy Brito informó que habían entrado en funcionamiento tres unidades de Termozulia para aportar 340 MW. Se refería a la TZ4, TZ7 de Termozulia III y la TZ11 de Termozulia IV. Las dos últimas fueron fabricadas para generar un máximo de 85 MW cada una. Al sumarle la capacidad tope de la TZ4 serían 350 MW, lo cual permite deducir que Brito fue un tanto cauteloso al referirse al aporte de esas tres máquinas al sistema eléctrico.
También se puede entender, sobre la asede esta declaración, que 340 MW es lo que en realidad estaba generando el complejo Rafael Urdaneta.
El ministro Brito, por cierto, volvió a Zulia el 12 de junio para observar los trabajos de reparación de la TZ7 y de la TZ1, que es una de las dos turbinas de Termozulia I.
Resistencia a la desinformación
La reiteración de mensajes inexactos y de medias verdades oficiales sobre el drama eléctrico hace eco en una región donde la pérdida de la brújula informativa independiente deja a todos sumidos en una gran confusión. Es un ambiente en el que lo único fijo son las ruedas de prensa del gobernador, aprovechando las limitaciones de la prensa local y de los canales de opinión para dominar la agenda pública.
Las plataformas de mensajería instantánea se han convertido en sustituto de los diarios que ya no circulan, de la radio que se protege del control regulatorio convertida en hilo musical, y de la televisión que muy poca gente veía, incluso mucho antes de que enfermera el servicio de las cableras y las antenas de DirecTV se quedaran sin señal.
Muchas veces incontestadas e impunes, las cadenas de fake news suenan como el soundtrack de la agonía de Maracaibo. En WhatsApp la desinformación es el lenguaje común de las mayorías y Telegram, bastante más generoso con las afiliaciones de grupos grandes, tiene su principal utilidad en el intercambio de ‘datos’ para la búsqueda de gasolina.
En este escenario, la mentira y la manipulación solo reciben pelea de un par de iniciativas periodísticas que compendian las noticias verificadas de medios nacionales e internacionales, y también de las páginas web informativas de la región bloqueadas por Cantv bajo órdenes de Conatel, como en el caso de Noticiaaldia.com, víctima de la denegación de los IP de usuarios venezolanos que intentan acceder desde la mayoría de las plataformas de operadores de Internet en el país.
Venezuela al Minuto (VAM) es uno de esos esfuerzos noticiosos de excepción, un respiro fresco en el ambiente tóxico de la desinformación. Un grupo de periodistas ofrece este servicio gratuito a través de WhatsApp y Telegram, ayudando a despejar el ambiente de noticias falsas y engaños oficiales.
Lo poco que Maracaibo resiste informativamente es producto de la perseverancia de periodistas independientes y corresponsales tenaces, que no han bajado la cerviz y alimentan a diario los reportes de medios nacionales y extranjeros sobre las penurias económicas, la emergencia humanitaria y el calamitoso sistema eléctrico de la región.
El mito de las 48 horas
Cuando el 6 de abril el gobernador Prieto ofreció una nueva declaración, a raíz de las constantes fallas del servicio en Maracaibo y otros municipios, dijo que la administración de carga, necesaria para el mantenimiento de las líneas de transmisión afectadas, sería de 3 horas diarias para cada circuito eléctrico. “El sistema ya está estable, lo que no tenemos es suficiente generación”, reconoció ese día.
En 10 estados del país ocurrió un apagón el 5 de mayo. Localmente, la peor consecuencia fue que la TZ4, varias veces reparada en fechas recientes, quedó fuera de servicio. Lograron ponerla a funcionar de nuevo cinco días después, pero los marabinos seguían reportando apagones y largos períodos de racionamiento, principalmente en el oeste y el norte de la ciudad.
Los trabajos de emergencia en Termozulia son la causa de los racionamientos, según el gobernador el 7 de mayo. “En 48 se estará estabilizando el sistema”, garantizó al tiempo que anunciaba un PAC de 5 horas diarias.
Exactamente un mes después, Omar Prieto repitió la promesa de mejoría en 48 horas luego de admitir que la inestabilidad era producto de nuevas reparaciones “de emergencia” en Termozulia. Pero el desconcierto público ante la reiteración de anuncios imposibles era tal, que hasta el conservador diario Panorama editorializó la nota en que reproducían las declaraciones del gobernador: “El racionamiento, al que el Gobierno describe como plan de administración de carga, se produce sin que medie un cronograma informativo para los zulianos y con duraciones que parecen una auténtica lotería”.
Aun no se le recordaba a Prieto que en febrero había anunciado, por enésima vez, las labores de reparación de la vieja planta Ramón Laguna, la primera termoeléctrica que tuvo la ciudad de Maracaibo y que estaba inoperante desde hacía años al vencerse su vida útil. En palabras del gobernador, con ello se podría agregar una generación de 170 MW adicionales.
Pero esa repotenciación no se hizo. Como tampoco se ha reiniciado la construcción de la termoeléctrica de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, en la costa oriental del lago. Con tecnología de ciclo combinado, esas instalaciones tendrían una capacidad nominal de 1.000 MW en dos bloques de generación de potencia de 500 MW cada uno.
Las respuestas que no se dan
A los zulianos no se les ha rendido cuentas sobre la sustitución del cable de 230 kilovoltios del Sistema Interconectado Nacional que atraviesa el lago de Maracaibo adosado al puente Rafael Urdaneta. Una maniobra fallida de Corpoelec lo quemó en agosto de 2018, perdiéndose gran parte de los 200 millones de dólares del préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en 2014.
Tampoco se les dice que para las plantas Termozulia II y III Venezuela recibió un total de 676,5 millones de dólares desde 2010. En ninguna de las alocuciones del gobernador Omar Prieto, o del ministro Freddy Brito y sus antecesores, hay explicaciones de por qué fallan continuamente unas costosas termoeléctricas que, en más de una década, nunca operaron a toda su capacidad, condenando a la población zuliana a sufrir una pesadilla sin final ni razón que la justifique.
