Por: Ingrid Jiménez
Durante la campaña electoral presidencial estadounidense del 2016 ocurrió un ciberataque a los correos del partido demócrata y del equipo de campaña de Hillary Clinton. Después de una larga investigación realizada por la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional se comprobó que los hackeos fueron realizados por agentes del servicio de inteligencia militar rusos, con el objetivo de ¨ socavar la fe pública del proceso democrático de Estados Unidos y denigrar a la Secretaria de Estado Clinton¨.
Posteriormente, en el 2018 New York Times y medios ingleses acusaron a la consultora Cambridge Analytica de utilizar sin consentimiento previo información privada de alrededor de 50 millones de usuarios de Facebook para estudiar sus preferencias, enviar mensajes segmentados a los electores y difundir fake news en contra de Clinton.
La comprobación de la injerencia rusa en la campaña electoral estadounidense, y el uso intensivo de las redes sociales en la contienda significaron un punto de inflexión en la visión que hasta entonces se tenía sobre el poder de las redes y la desinformación.
Actualmente, este tema cobra más vigencia porque el uso de las redes sociales en el mundo no cesa de incrementarse. Según el informe de We are social de 2020 Facebook es la red social más utilizada con 2449 millones de usuarios. Whatsapp e Instagram también son muy populares.
Autoritarismo digital
Así como las redes han facilitado las comunicaciones, democratizado la información y conectado al mundo, los gobiernos autoritarios hallaron la forma de sacarles provecho para consolidar su poder. A lo interno cuentan con estrictas leyes de censura y tecnología que les permite controlar a los ciudadanos. A lo externo crean mecanismos de desinformación, interfieren en campañas electorales y en discusiones de política interna de los países para favorecer sus intereses.
Este fenómeno es denominado por la organización no gubernamental Freedom House como autoritarismo digital. Para esta organización ¨la propaganda en línea y la desinformación están envenenando la esfera digital mientras que la recopilación desenfrenada de los datos personales está rompiendo con las nociones tradicionales de privacidad¨.
Paradójicamente China es el país con más usuarios de internet en el mundo y también el paradigma del autoritarismo digital. En la nación asiática no hay cabida para Google, Facebook o Instagram, porque ha creado sus propias plataformas y redes a la medida de la censura impuesta por el Partido Comunista.
El gobierno cuenta con un eficaz mecanismo de control del contenido de internet, denominado el gran cortafuegos chino, en el que las plataformas censuran en tiempo real los contenidos que se publican, los servidores son constantemente vigilados, y los mensajes de chats o correos electrónicos que contienen palabras prohibidas son interceptados. Vale decir que algunas de las palabras prohibidas en el gigante asiático son: democracia, derechos humanos, Dalai Lama y una larga lista negra elaborada por el régimen.
El caso más reciente y trágico de la censura china, se manifestó al inicio de la epidemia del COVID-19 en Wuhan, cuando un joven oftalmólogo Li Wenliang (fallecido posteriormente por coronavirus), fue amonestado y obligado a disculparse sólo por hacer una advertencia en un chat sobre el nuevo virus respiratorio, que poco después se convirtió en pandemia y cuyo epicentro fue precisamente Wuhan.
Rusia es otro país donde avanza el autoritarismo digital. Si bien el gobierno permitió ciertas libertades en el acceso a internet y los rusos utilizan plataformas y redes sociales occidentales, a medida que Vladimir Putin consolidó su poder la situación se ha endurecido notablemente.
El país desarrolló un entramado legal orientado según el gobierno a combatir las noticias falsas, pero que en la práctica impone limitaciones a la libertad de expresión e impide las manifestaciones del periodismo independiente que sobreviven en el país.
La Ley de Internet Soberana aprobada a fines del año pasado, permite al organismo regulador de las telecomunicaciones bloquear sin autorización judicial los contenidos que considere peligrosos para la seguridad del Estado, especialmente los destinados a ofender a las autoridades públicas y a los símbolos patrios.
En América Latina se viven situaciones similares. En Cuba el Estado tiene el monopolio de los medios de comunicación desde hace más de medio siglo. El elevado costo y los obstáculos para acceder a internet dificultan que las redes sociales tengan gran penetración en la isla. No obstante, constituyen el único medio para difundir algún tipo de información o enfoque distinto al pensamiento oficial.
Las limitaciones en el acceso a la información son aprovechadas por los medios oficiales para desinformar a la población, profundizar el aislamiento y desarticular cualquier iniciativa de la sociedad civil. El gobierno penaliza con onerosas multas la divulgación de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, con toda la carga de discrecionalidad que esto implica en un país con un gobierno de partido único.
Venezuela tampoco es ajena a esta situación. Las severas limitaciones a la libertad de expresión y la casi desaparición de los medios tradicionales independientes, le han otorgado mayor centralidad a las redes sociales. Según el informe We are social, Facebook es la red más popular (11 millones de usuarios), pero también tienen una cantidad importante de usuarios Instagram con 4 millones y Twitter con 1,29 millones.
Desde el poder las redes se utilizan para desinformar a los ciudadanos, empleando diversas estrategias, como por ejemplo el uso de cuentas automatizadas que buscan imponer la agenda pública y desviar la atención de temas sensibles.
De igual manera, decenas de portales informativos de periodismo independiente, y canales de televisión nacional e internacional han sido cerrados, sancionados o bloqueados.
En el caso venezolano es fundamental tomar en cuenta el impacto de la crisis económica y el deterioro de los servicios básicos, cuya consecuencia es una mayor desconexión de la población sobre todo en el interior del país. Millones de venezolanos en estos momentos ya no poseen teléfonos inteligentes por sus elevados costos, y no cuentan con servicios permanentes de luz e internet que les permitan acceder a información plural.
La realidad es que las nuevas formas de autoritarismo son mucho más cautas en la actualidad y sólo recurren a la fuerza cuando es estrictamente necesario. Los gobiernos de este tipo se han adaptado muy bien a los nuevos tiempos y están en capacidad de controlar lo que leen y escriben los ciudadanos.
Los autoritarismos se valen de las fake news para ocultar la verdad, desacreditar a la disidencia e imponer su propia narrativa.
La tecnología está transformando la forma de entender el poder y la política, y este cambio por desgracia, no implica necesariamente una mayor democratización del espacio público.
Sin darnos cuenta el gran hermano llegó para quedarse.
