La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece en su artículo 91 que la clase trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y satisfacer las necesidades materiales, sociales e intelectuales de su persona y grupo familiar.
De igual manera, la CRBV, en su artículo 80, establece que las pensiones y jubilaciones no podrán ser inferiores al salario mínimo y en el artículo 91 se vincula la fijación de éste con la canasta básica. En tal sentido, el texto constitucional propone que el salario mínimo debe alcanzar para adquirir los bienes y servicios previstos en la canasta básica y los salarios superiores al mínimo garantizar el acceso a bienes y servicios que satisfagan, incluso, las necesidades intelectuales del trabajador y su familia.
En teoría, las normas constitucionales son de obligatorio cumplimiento y de ejecución inmediata. Ello significa que el Estado venezolano está obligado a generar una política laboral que asegure a los trabajadores y trabajadoras un salario digno y a los pensionados y jubilados un ingreso que les garantice una vejez con protección social.
El gobierno de Maduro se autodefine como un gobierno obrero, pues el mandatario, por su pasado de dirigente sindical, reivindica su condición de luchador por mejorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora y su preocupación por la situación de los jubilados y pensionados. Son constantes en sus alocuciones las referencias a las políticas de protección del salario y que, desde que se aprobó la Constitución, los viejitos ya no tienen que preocuparse porque se les aseguró una pensión digna. ¿Es verdad tal maravillosa situación? ¿Somos la envidia de nuestros pares en la región por el alto nivel de protección social que tiene la clase trabajadora en nuestro país?
El último aumento del salario mínimo, decretado el 1 de mayo de 2021, estableció el salario mínimo mensual en 5 millones de bolívares, que en ese momento, al cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela, equivalía a USD 1,77. Ese salario mínimo mensual está por debajo incluso del ingreso diario necesario para no estar en condiciones de pobreza, fijado en un dólar con 90 centavos ($ 1,90) por el Banco Mundial.
Al lado del salario mínimo, el Gobierno ha desarrollado una política de bonos sin carácter salarial. El principal es el denominado cesta ticket socialista, bono que acompaña a los aumentos de salario mínimo y que el 1 mayo fue ubicado en 5 millones de bolívares. Entre salario mínimo y cesta ticket socialista, el ingreso mínimo mensual se ubicó en 3,54 dólares estadounidenses.
El gobierno de Maduro se ufana en sus publicaciones oficiales de que al salario y al cesta ticket socialista hay que adicionar todos los bonos que se otorgan a través de lo que se denomina el sistema Patria, plataforma on line, cuya inscripción da acceso a que se deposite en una cuenta bancaria personal una serie de pagos que el Gobierno realiza por diversas razones.
Los bonos que se pagan por el sistema Patria son fijados discrecionalmente por el Gobierno, siendo aleatoria su periodicidad y monto. Nunca nadie sabe cuándo ni qué cantidad recibirá, pues a veces el mensaje que se envía al teléfono celular del beneficiario no coincide con el monto depositado.
Los trabajadores asalariados del sector público reciben bonos dependiendo del sector en el que laboran: en educación superior el Bono Simón Rodríguez; en salud: Bono protectores de la salud o bono trabajadores de primera línea; en la administración pública: Bono Máxima Eficiencia.
El pago de los bonos en el sector privado se vincula a la promoción de ciertas políticas o a eventos que el Gobierno quiere celebrar y, por tanto, algunos son más esporádicos. Hay bonos por grupo familiar: Hogares de la Patria, de apoyo a la familia: Bono de economía familiar, por tener a los niños en el sistema escolar 100% Escolaridad, por el carnaval o la semana santa, para promover no salir por la pandemia Quédate en casa, por el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992. Dichos bonos también los reciben los jubilados y pensionados, además de un bono especial denominado Amor mayor.
El ex ministro del trabajo, ahora de educación, Eduardo Piñate, en entrevista a Globovisión el 3 de mayo en el programa Primera Página, expuso claramente la visión gubernamental de la política salarial del Gobierno. Señaló que la capacidad adquisitiva del salario no se reduce al monto del salario mínimo, sino que hay que incluir todos los bonos que se pagan por el sistema Patria, como una expresión de la política gubernamental de protección y defensa del salario.
Ese es el discurso oficial de todos los personeros gubernamentales: hay una política estatal de bonos que compensan claramente el bajo monto del salario. Entre bonos y las cajas de comida, denominadas caja Clap, los trabajadores, jubilados y pensionados tienen ingresos más que suficientes para garantizar una vida digna.
Veamos cuán real es la afirmación en cuanto a que la política de bonos compensa adecuadamente el irrisorio salario mínimo. Si sumamos todos los bonos emitidos por el sistema Patria en el mes de marzo de 2021 más el cesta ticket socialista y el salario mínimo, el ingreso social, como le denomina el Gobierno no supera los 10 dólares mensuales.
En el caso de una persona que trabaje en el sector público, además de los bonos generales recibe los específicos de su sector. Pero si se suma el salario y todos los bonos, el ingreso social mensual de un empleado público no pasa de 30 dólares mensuales, menos del requerido para superar el umbral de la pobreza.
El gobierno de Maduro alardea que dicha bonificación es expresión de su política de defensa y protección del salario. Es al revés, hemos llegado a una situación peor a la de 1997, año en que se revirtió por un acuerdo tripartito la desalarización del salario. En ese año, 75 % de los ingresos de los trabajadores no tenían carácter salarial. La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, producto de ese acuerdo tripartito, permitía que solo 20 % de los ingresos del trabajador pudiesen excluirse de la noción de salario. El Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (DLOTTT) no permite esa posibilidad y, por tanto, todos los ingresos del trabajador tienen carácter salarial.
El carácter salarial del ingreso que recibe el trabajador con ocasión del trabajo que realiza implica que ese pago debe ser tomado en cuenta para todos los otros pagos que se recibe por prestar servicios personales bajo dependencia. Ello significa que cuando se calcula el bono vacacional o el de fin de año, ese pago tiene que computarse. No es lo mismo calcular los 15 días de salario por bono vacacional, tomando como salario 3 dólares en vez de 30. Lo mismo ocurre con las prestaciones sociales, que se desaguaron con la política de bonificación. El principal beneficio de la clase obrera, sus prestaciones sociales, ya no existe.
El gobierno de Maduro, al bonificar el salario, hace fraude a la ley, viola la Constitución y el DLOTTT. El principal empleador del país incumple la legislación del trabajo. Por ello, más que una política de protección del salario, es una política de fraude a los derechos de los trabajadores, impulsada desde el propio Estado. Buen mensaje para el sector privado que, copiándose del Estado, ha bonificado totalmente los ingresos de sus trabajadores. Hoy los trabajadores tienen salarios de hambre y sus prestaciones sociales, el ahorro de toda su vida, desaparecieron.
