A menos de un mes para el inicio del año escolar 2020-2021, al mandatario Nicolás Maduro se le ocurrió “una idea” que planteó en voz alta durante una de sus alocuciones.
Aunque el 9 de julio había anunciado que las clases comenzarían a distancia y se mantendrían así “hasta nuevo aviso” por la COVID-19 en Venezuela, el 21 de agosto expresó: “Creo que nosotros podríamos estudiar una modalidad para el mes de octubre de regreso a las clases presenciales en escuelas, liceos y universidades”.
Dos días más tarde expuso que había pensado en que se instalara un modelo semipresencial en las escuelas, según el esquema 7+7 creado por su gobierno: siete días de cuarentena y siete días de flexibilización.
En esa ocasión llamó a debatir el tema y a que se hiciera una consulta nacional.
No fue sino hasta el 15 de septiembre, un día antes de que iniciaran las actividades para preescolar, primaria y educación especial, que Maduro anunció los resultados del debate: que se mantenían las clases a distancia. Además, dijo que a partir del 5 de octubre se abrirían las escuelas para que los alumnos pudieran conocer a sus docentes y recibir orientaciones pedagógicas.
“Eso generó una profundización de la confusión en todos lados”, afirma la coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, Olga Ramos.
Desde que comenzó la pandemia, en términos del funcionamiento del sistema educativo, considera que “ha habido poca información y a veces ha sido contradictoria. Dicen una cosa en un momento y después la cambian”.
La especialista en políticas públicas de educación expone que “hay una falta de disciplina institucional que hace que se pierda la capacidad de comunicar del ministerio… los canales son muy pobres, muy débiles y están muy mal utilizados”.
Detrás de un discurso discordante, identifica una falla de origen: “Si la política pública es precaria y va cambiando porque no está bien diseñada y no tiene visión de largo plazo, lo comunicas así. Cada vez que pasa eso corres el riesgo de que se desvirtúe de la cabeza hacia abajo”.
Cuando le llega información a un padre, esa información ha pasado por el Ministerio de Educación, la dependencia que le corresponde, toda la cadena de supervisores y ocurre que “el supervisor que habla con la escuela está diciendo lo que le mandaron a decir, pero además con su propio tamiz”.
Esa falta de disciplina genera “una cadena de interpretaciones y de problemas de comunicación en embasuran el funcionamiento. Una gestión educativa debería ser impecable en la comunicación”.
Es así como “un director de escuela puede recibir tres PDF de fuentes distintas, cinco mensajes de WhatsApp escritos y cuatro audios de fuentes que son a lo mejor la misma, pero con matices”, dice la investigadora. “Y ese director, ¿Cómo hace para interpretar todo eso?”, se pregunta.
Incertidumbre y angustia
Tras las declaraciones de Maduro, la alarma se activó entre los padres preocupados aún por la COVID-19 y la falta de condiciones para disminuir el riesgo de contagio en los planteles, incluyendo la falta de acceso al agua.
Pasadas dos semanas de que se decretó el regreso a clases (a distancia), aún “hay mucha angustia y estrés”, asevera Luisa Pernalete, coordinadora de Educación para la Paz del movimiento educativo Fe y Alegría.
“Imagínate tú una mamá que en pleno septiembre no sabe si la escuela de su hijita arrancó o no”, dice.
La educadora se niega a la idea de que la planificación escolar se realice “como vaya viniendo vamos viendo”.
“Uno agradecería que hubiese una ruta… pero no así, que pa’ atrás y pa’ alante”, señala en referencia a los discursos gubernamentales.
Considera que la falta de información oportuna solo trae más desconfianza: “Esa opacidad hace que uno empiece a pensar, ¿será verdad, será mentira? ¿Le creo o no le creo?”.
Cuestiona, además, la invisibilización de las autoridades a la lucha de los docentes, quienes a finales de agosto aseguraron que no se incorporarían a trabajar sin un aumento de sueldo que les permita vivir dignamente.
“¿No hay ni una sola palabra en relación a los salarios?”, se pregunta y remata “por omisión también se peca”.
Pernalete recalca que la información es fundamental para planificar en todos los niveles. “Para poder saber dónde están los vacíos y los aciertos tú necesitas tener datos confiables”.
En este sentido, la investigadora Olga Ramos se pregunta cómo hace la familia para asumir su nuevo rol en el proceso educativo si no tiene una asesoría.
Indica que con información oportuna sobre qué les tocaba hacer al inicio del año escolar, los padres podrían haberse dedicado a leer los temas y así ayudar mejor a sus muchachos, pero “estaban angustiados tratando de descifrar qué era lo que quería el Ministerio y eso es una falta de respeto”.
“Si durante el proceso de educación te cambiaron la pauta varias veces eso te genera un nivel de angustia que no te permite prepararte”, dice Ramos.
Reitera que “no hay un diseño previo y bien sustentado del desarrollo de la política educativa que tú puedas encontrar en alguna parte”.
Sin un diagnóstico claro
A esta realidad se suma que el año escolar inicia sin pistas sobre cómo transcurrió el anterior, y qué se necesita para garantizar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Cuando se informó de los primeros casos de coronavirus, el 13 de marzo, el Gobierno suspendió clases en todos los niveles educativos. De acuerdo con cifras de la Unesco, 6.866.822 alumnos de educación básica en el país se vieron afectados por el cierre de las escuelas.
El 21 de abril el propio presidente Maduro dijo que solo “44 % de los estudiantes tiene acceso a los contenidos educativos por internet”.
Un sondeo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos en 10 ciudades del territorio entre abril y mayo, arrojó que 65,7 % de los encuestados no tenía acceso a Internet en su hogar.
El estudio mostró además que 33,7 % de los entrevistados no poseía un teléfono inteligente. De hecho, Fe y Alegría manifestó que, de sus 4.581 docentes, 42 % no tenía acceso a equipos celulares para atender a sus alumnos de forma virtual.
Aun así, el 9 de julio el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró que el cierre del año escolar fue exitoso.
“El Ministerio dice que evaluó el final del año escolar, pero en ninguna parte sale esa evaluación”, señala Olga Ramos.
Al reclamo sobre la falta de diagnósticos se suman organizaciones como la Unidad Democrática por el Sector Educativo, que alertó que el año pasado no hubo “resultados académicos tangibles” que puedan demostrar que los estudiantes efectivamente aprobaron y aprendieron.
El pasado 16 de septiembre, cuando iniciaron las clases, la ONG Cecodap insistió en que “la falta de diagnósticos”, especialmente en las escuelas oficiales (80 %) era uno de los problemas “que obstaculizan una planificación escolar coherente y adaptada a las realidades de los estudiantes”.
El impacto que tendrá la pandemia de la COVID-19 en la educación en Venezuela, ya golpeada por la emergencia humanitaria compleja, también es una gran incógnita.
